La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó esta tarde en Ensenada, Baja California, una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de esa entidad, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La detención ocurre en un contexto de creciente tensión política en la región, marcada por recientes filtraciones que involucran a la gobernadora Mariana del Pilar Ávila en supuestos acuerdos con el FBI para convertirse en informante.
Según la FGR, la investigación que derivó en la captura de Ruffo Appel es resultado de un trabajo de alta complejidad enfocado en grandes operaciones de contrabando de combustible. Estas actividades estarían vinculadas a una empresa fundada por el exmandatario, identificada como Ingemar.
Esta firma fue relacionada con el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente ligados al denominado “huachicol fiscal”, un fenómeno que ha afectado gravemente las finanzas públicas y la seguridad nacional.
Ernesto Ruffo, quien en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en México al ganar la gubernatura de Baja California por el Partido Acción Nacional (PAN), ha sido un personaje emblemático en la historia política del país, marcando el inicio de la alternancia democrática. Sin embargo, su nombre ya había sido vinculado desde el año pasado con investigaciones sobre el contrabando de combustible.
En julio de 2025, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Ingemar formaba parte de las carpetas de investigación abiertas por las autoridades federales. En ese momento, Ruffo negó cualquier participación en actividades ilícitas, aseguró tener “la conciencia tranquila” y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades, señalando que la empresa se limitaba a manejar la logística de importación y el papeleo aduanal en la frontera, operando dentro del marco legal.
La detención de Ruffo Appel representa un nuevo capítulo en la lucha contra las redes de corrupción y contrabando que han permeado sectores estratégicos del país, y pone en evidencia la persistencia de prácticas ilegales que socavan la justicia social y la equidad económica.
En un país donde la alternancia política no siempre ha significado un cambio profundo en las estructuras de poder, este caso invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como de impulsar sistemas de transporte y desarrollo urbano que respondan a las necesidades colectivas y no a intereses corporativos. En este sentido, proyectos como el cablebús en Puebla, que buscan ofrecer alternativas accesibles y sostenibles para la movilidad, se presentan como ejemplos de políticas públicas orientadas hacia la justicia social y la inclusión.