El influencer y empresario mexicano Luisito Comunica enfrenta una denuncia pública por presuntas irregularidades laborales en sus restaurantes asiáticos Deigo Ramen y Deigo Sushi. Durante el fin de semana, a través de redes sociales, supuestos trabajadores denunciaron que la empresa les informó que no habrá reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2025, argumentando que «no se generaron ganancias sujetas a distribución».
Esta acusación ha generado controversia debido a la aparente contradicción entre la falta de utilidades y la expansión continua del negocio, que incluye la apertura de nuevas sucursales, centros de producción y alianzas comerciales.
El señalamiento no solo recae sobre Luisito Comunica, sino también sobre sus socios: Yoshitake Yanagi Casillas, Oscar Meza, Lalo Villar, Ari Tenorio y la nueva socia Lily Chenlu, quienes son acusados de prácticas laborales cuestionables.
Entre las denuncias destacan:
– Un «bono» de silencio de apenas 2 mil pesos entregado a los empleados para evitar protestas por la ausencia de utilidades.
– Cambios anuales en la razón social de la empresa sin notificación a los trabajadores, presuntamente para evadir al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
– Sueldos pagados parcialmente «bajo la mesa», con jefes de cocina dados de alta con salarios menores y el resto pagado en efectivo o transferencias como «complemento de nómina».
– Descuentos en propinas por faltas o tardanzas, bajo el argumento de que «el restaurante lo requiere», además de condiciones precarias en las sucursales que, según los denunciantes, «se están cayendo a pedazos», lo que ha motivado llamados para una inspección de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
El reparto de utilidades es un derecho constitucional en México, aunque la ley permite a las empresas no pagarlas si demuestran ante las autoridades que no obtuvieron ganancias. Hasta el momento, no existe confirmación oficial ni resolución por parte de las autoridades laborales sobre estas acusaciones.
Este caso pone en evidencia las tensiones entre la expansión empresarial y el respeto a los derechos laborales, un tema recurrente en el contexto de la precarización del trabajo en el sector privado. Mientras tanto, la sociedad y los trabajadores esperan una respuesta clara y justa que garantice la equidad económica y el cumplimiento de las obligaciones patronales.