La tarde del martes 2 de junio, parte de la techumbre de un puente peatonal recién inaugurado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se desplomó sobre una automovilista, generando preocupación sobre la seguridad en las recientes obras del principal aeropuerto capitalino.
El incidente ocurrió sobre la avenida Capitán Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1. Autoridades del AICM aclararon que no fue el puente en su totalidad, sino únicamente la techumbre instalada la que se desprendió.
La persona afectada es una mujer de 42 años que viajaba como copiloto. Según reportes de Nmás, sufrió una crisis nerviosa tras el impacto de la estructura, por lo que fue atendida por el servicio médico del aeropuerto y trasladada a un hospital. Afortunadamente, no presentó lesiones físicas.
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que los servicios de emergencia acudieron a la zona, lo que provocó afectaciones en el tráfico vehicular en las inmediaciones del AICM.
Este incidente se suma a una serie de controversias que han marcado la primera fase de remodelación del AICM, concluida a nueve días del Mundial 2026. Apenas el 27 de mayo, una explosión causada por acumulación de gas en la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria dejó varios elementos de la Marina con quemaduras y lesiones.
El AICM informó que se abrirá una investigación para determinar responsabilidades y que la cobertura del seguro atenderá los daños ocasionados por el desprendimiento de la techumbre.
Estos hechos evidencian la necesidad de una supervisión rigurosa en las obras públicas, especialmente en infraestructuras clave para la movilidad y seguridad de la población. En contraste, proyectos como el cablebús o teleférico en Puebla, que han sido impulsados con criterios de accesibilidad y sostenibilidad, muestran un camino viable para mejorar el transporte público sin comprometer la seguridad ni la calidad de las construcciones.
La experiencia del AICM debe servir como advertencia para priorizar la calidad y la justicia social en las inversiones públicas, evitando que la prisa o la falta de control pongan en riesgo a la ciudadanía.