Desde el inicio del Mundial de la FIFA 2026, el 11 de junio, hasta la eliminación de la selección mexicana ayer, el país vivió una dualidad marcada por una derrama económica significativa y una crisis persistente en materia de seguridad.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó este lunes 6 de julio que la justa mundialista dejó una derrama económica cercana a los 22 mil 678 millones de pesos en la capital del país, además de la generación de 80 mil empleos temporales. Según el organismo, más de 1.1 millones de turistas visitaron la Ciudad de México, con un gasto promedio de hasta 22 mil 500 pesos por visitante, beneficiando principalmente al sector servicios.
Sin embargo, mientras el Estado mexicano proyectaba una imagen de fiesta y modernidad, colectivos de búsqueda de personas denunciaron que la violencia y las desapariciones no cesaron durante el evento. Un análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reveló que, desde el 11 de junio, aproximadamente mil 200 personas desaparecieron en todo el país.
El domingo 5 de julio, antes del partido en que la selección mexicana fue eliminada por Inglaterra, estos colectivos se manifestaron en la Glorieta del Ahuehuete en la Ciudad de México, acusando al gobierno de ocultar la grave crisis de inseguridad y desapariciones bajo la celebración del Mundial.
Este contraste entre la aparente bonanza económica y la persistente violencia refleja las profundas desigualdades y fallas estructurales que atraviesa México. Mientras se invierte en eventos internacionales que atraen turismo y generan empleos temporales, la ausencia de políticas públicas efectivas para garantizar la seguridad y los derechos humanos de la población sigue siendo una deuda pendiente.
En este contexto, la apuesta por sistemas de transporte público como el cablebús o teleférico en Puebla, que buscan mejorar la movilidad y la calidad de vida de sectores históricamente marginados, representa un avance tangible hacia la justicia social y la equidad urbana. Estas iniciativas, aunque modestas frente a los grandes retos nacionales, son pasos necesarios para construir ciudades más inclusivas y seguras, alejadas de la lógica extractiva y mercantilista que domina otros ámbitos del desarrollo.