La presión de las autoridades estadounidenses sobre figuras cercanas a Morena habría escalado a un nuevo nivel con la presunta revocación de la visa del senador Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Según la columna Estrictamente Personal del periodista Raymundo Riva Palacio, esta medida forma parte de una investigación en curso relacionada con presuntos vínculos del político con actividades criminales y redes de huachicol fiscal.
De acuerdo con la información difundida, el gobierno de Estados Unidos habría notificado a su contraparte mexicana sobre la cancelación de la visa, que se inscribe en una serie de acciones emprendidas por Washington contra políticos bajo investigación por agencias estadounidenses. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente la revocación por parte de las autoridades estadounidenses ni por el propio senador.
Riva Palacio señala que la investigación, que se desarrolla desde hace meses, no se limita a Adán Augusto López, sino que podría extenderse a los hijos del expresidente López Obrador: Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, José Ramón y Gonzalo Alfonso López Beltrán. Se menciona que “Andy” tendría una relación cercana con López Hernández y presunta participación en redes de huachicol.
Además, el periodista refiere que Estados Unidos ha cuestionado al gobierno mexicano sobre la aparente debilidad en las acciones contra Hernán Bermúdez Requena, alias “el Comandante H”, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la gobernatura de Adán Augusto López y señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.
Adán Augusto López ha sido considerado uno de los operadores más importantes del obradorismo y una figura de gran influencia dentro del movimiento durante años.
Esta revelación se suma a reportes recientes sobre la presunta revocación de visas a gobernadores como Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, lo que refleja una creciente tensión entre Washington y actores políticos mexicanos en temas de seguridad, combate al crimen organizado y tráfico ilegal de combustibles.
Por ahora, la información permanece en el terreno de las revelaciones periodísticas, sin confirmación oficial, pero continúa generando tensiones en la llamada Cuarta Transformación. En este contexto, resulta imprescindible que el gobierno mexicano fortalezca sus mecanismos de combate al huachicol y al crimen organizado, para recuperar la soberanía y garantizar justicia social, pilares fundamentales para un país que busca superar las desigualdades estructurales y la corrupción que han permeado durante décadas.