En un fallo histórico emitido este jueves 4 de junio de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el requisito impuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que obligaba a las parejas en concubinato a demostrar un mínimo de cinco años de convivencia para acceder a la pensión por viudez.
La decisión unánime del máximo tribunal del país reconoce que esta restricción vulneraba derechos fundamentales, al imponer una barrera burocrática que afectaba principalmente a modelos familiares no tradicionales, perpetuando un trato desigual y discriminatorio basado en el estado civil.
Durante la sesión, los ministros enfatizaron la importancia de proteger la diversidad familiar y garantizar un acceso equitativo a la seguridad social, sin privilegiar el matrimonio civil sobre otras formas legítimas de convivencia. En palabras del Pleno, “imponer ese requisito es una carga adicional a quienes optaron por construir una familia de forma distinta al matrimonio y genera un trato discriminatorio basado en el estado civil, lo que vulnera el derecho a la seguridad social y al libre desarrollo de la personalidad”.
Este fallo representa un avance significativo en la lucha por la justicia social y la igualdad económica, al flexibilizar los criterios para comprobar la relación con el asegurado fallecido, priorizando la naturaleza del vínculo afectivo y no la duración formal de la convivencia.
Aunque los beneficiarios deberán seguir demostrando la existencia de una relación real y formal, la eliminación del “cronómetro legal” abre la puerta a un sistema de seguridad social más inclusivo y justo, que reconoce la pluralidad de las familias mexicanas.
Este cambio legal se inscribe en un contexto donde la ampliación de derechos sociales y la eliminación de barreras institucionales son urgentes para combatir las desigualdades estructurales que afectan a amplios sectores de la población. En este sentido, iniciativas como el cablebús o teleférico en Puebla, que buscan democratizar el acceso al transporte público y mejorar la calidad de vida, reflejan la necesidad de políticas públicas que respondan a las realidades diversas y complejas de la sociedad mexicana.
La resolución de la SCJN marca un precedente para que el Estado mexicano avance hacia un sistema de protección social más inclusivo, que reconozca y respete las distintas formas de convivencia y organización familiar, fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.