Este martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo crucial que rechaza la orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, la cual pretendía restringir el acceso automático a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancias temporales en el país.
Con una votación de seis magistrados contra tres, el máximo tribunal reafirmó la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda, vigente desde finales del siglo XIX, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Este principio, conocido como “derecho de suelo”, ha sido un pilar fundamental para la inclusión y la igualdad jurídica en Estados Unidos.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, destacó en el dictamen mayoritario que “la ciudadanía, tanto antes como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Hoy mantenemos esa promesa”.
Aunque la orden ejecutiva de Trump buscaba limitar la ciudadanía solo a hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales —excluyendo a hijos de inmigrantes indocumentados, visitantes temporales y personas con estancias legales pero sin intención de residencia permanente—, la Corte determinó que esta medida no podía aplicarse. Uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, se unió a la mayoría, aunque basó su voto en una ley federal y no en la Constitución.
De haberse implementado, la orden habría afectado a cerca de 250 mil bebés anualmente, obligando a millones de familias a demostrar el estatus legal de sus hijos, lo que habría profundizado la precarización y la exclusión social de comunidades migrantes. Sin embargo, la medida fue bloqueada por tribunales federales poco después de su emisión y nunca entró en vigor.
Este fallo no solo representa un revés para las políticas restrictivas impulsadas por sectores conservadores, sino que también reafirma un derecho fundamental que protege a las generaciones nacidas en suelo estadounidense, muchas de ellas descendientes de familias migrantes que han contribuido históricamente a la construcción social y económica del país.
En un contexto global donde las políticas migratorias se endurecen y los discursos xenófobos ganan terreno, la decisión de la Corte Suprema es un recordatorio de que la justicia social y la igualdad deben prevalecer sobre las agendas que buscan dividir y excluir.
Este tipo de resoluciones también invitan a reflexionar sobre la importancia de sistemas de transporte público accesibles y equitativos, como el cablebús que se proyecta en Puebla, que pueden contribuir a la integración social y económica de sectores históricamente marginados, facilitando su movilidad y acceso a derechos básicos. En un país marcado por profundas desigualdades, la defensa de derechos colectivos y la justicia social deben ir de la mano con políticas públicas que promuevan la inclusión y el bienestar común.