La tragedia causada por los dos sismos que sacudieron Venezuela el miércoles pasado ha dejado un saldo de 188 personas fallecidas y mil 520 heridas, según informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez. Los movimientos telúricos, de magnitudes 7.5 y 7.2, han provocado daños severos en al menos 346 construcciones, entre ellas edificios, hospitales y centros comerciales, además de dejar a 2 mil 927 familias damnificadas.
Rodríguez detalló que, hasta las 12:00 horas locales de este jueves 25 de junio, se han registrado 138 réplicas, lo que ha obligado a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a declarar zonas de desastre en áreas como La Guaira. La cifra de desaparecidos asciende a 157, mientras que 200 personas permanecen atrapadas bajo los escombros y 250 edificios han sufrido daños estructurales, incluyendo ocho hospitales, algunos de los cuales han sido evacuados.
La situación humanitaria es crítica. Desde la madrugada de este jueves, miles de venezolanos han optado por dormir en las calles, sobre colchones o dentro de sus vehículos, debido al temor constante por las réplicas. La incertidumbre sobre la estabilidad de las edificaciones mantiene a la población en alerta, y muchos que intentaron regresar a sus hogares se han visto obligados a evacuar nuevamente.
Los equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda en zonas afectadas de Caracas, como El Paraíso, San Bernardino, Maripérez y Los Palos Grandes, esta última reconocida por su alta actividad sísmica y donde se han registrado daños estructurales significativos.
En medio de esta emergencia, Rodríguez informó que han llegado aviones con ayuda internacional procedentes de Estados Unidos, México, España, Catar y grupos especializados de las Naciones Unidas para apoyar en las tareas de rescate y asistencia. Asimismo, hizo un llamado a la población a colaborar en los centros de acopio con los insumos que se requieran.
Este desastre natural pone en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura venezolana y la necesidad urgente de políticas públicas que prioricen la protección social y la resiliencia ante fenómenos de esta naturaleza. La respuesta coordinada entre autoridades y sociedad civil será clave para mitigar el impacto y garantizar la recuperación de las comunidades afectadas.