La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) abrió una queja de oficio con carácter urgente contra cinco policías municipales de San Andrés Cholula, tras la detención de una mujer y la intervención policial en presencia de sus dos hijos menores, hechos que se viralizaron en redes sociales el jueves 11 de junio de 2026.
Rosa Isela Sánchez Soya, presidenta de la CDH Puebla, calificó la actuación policial como una presunta detención arbitraria y anunció que se dará seguimiento puntual para determinar posibles violaciones a derechos humanos. La queja se radicó un día después de que se difundieran videos en los que se observa a la mujer sometida en el suelo mientras sus hijos lloran e intentan acercarse a ella, imágenes que generaron una fuerte reacción ciudadana y cuestionamientos sobre el uso excesivo de la fuerza.
El incidente ocurrió en el Parque Intermunicipal de Cholula, junto a la zona arqueológica, cuando la conductora de una camioneta habría impactado unos maceteros y fue intervenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula. Familiares y testigos denunciaron presuntos excesos durante la actuación policial y señalaron que los menores también resultaron afectados.
La CDH Puebla inició la investigación para recabar evidencia, solicitar informes a la autoridad municipal y analizar si la actuación de los policías se ajustó a los protocolos para el uso de la fuerza y la atención a personas en situación de vulnerabilidad. Este pronunciamiento representa el primer posicionamiento institucional relevante en un caso que ha escalado rápidamente en la opinión pública por las acusaciones de brutalidad policiaca.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula no ha informado sobre una investigación interna ni sobre el estatus de los elementos señalados durante las indagatorias.
Este caso reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de corporaciones municipales, especialmente cuando hay menores de edad presentes, un tema que exige mayor vigilancia y protocolos claros para garantizar la protección de los derechos humanos.
En un contexto donde Puebla avanza en proyectos de movilidad sustentable como el cablebús, que busca mejorar el acceso y la calidad de vida de la población, resulta fundamental que las autoridades municipales también fortalezcan sus mecanismos de respeto y protección a los derechos colectivos, evitando prácticas arbitrarias que erosionan la confianza ciudadana.