La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el jueves 10 de junio iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, tras la denuncia presentada por la bancada de Morena el 8 de junio, que lo señala por presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con sus familiares.
Aunque no todos los diputados morenistas estuvieron presentes en la sesión, la mayoría de la Comisión decidió dar trámite al procedimiento, lo que implica que el mandatario estatal será notificado y tendrá un plazo de 15 días hábiles para responder y rendir su declaración ante el Poder Legislativo local, ya sea por escrito o de manera presencial.
Este proceso se enmarca en una investigación más amplia que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en abril contra Samuel García por un presunto esquema financiero para desviar y lavar más de mil millones de pesos. Según las indagatorias, el gobernador habría utilizado mecanismos de triangulación de fondos públicos para beneficiar directamente a su círculo familiar, en particular al despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.
La investigación detalla que los recursos públicos canalizados por el gobierno estatal terminaban en las cuentas de este despacho familiar, desde donde se distribuían a otras empresas, principalmente a “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que habría recibido transferencias por más de mil millones de pesos. Posteriormente, estos fondos se enviaron a diversas jurisdicciones fuera de México, incluyendo Estados Unidos, con el aparente propósito de dificultar su rastreo y ocultar su origen público.
Frente a estas acusaciones, Samuel García calificó como un “refrito” los señalamientos y aseguró que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya investigó y resolvió no ejercer acción penal en su contra. En sus redes sociales, afirmó que “son falsos todos los señalamientos” y que la autoridad estatal determinó que no existe irregularidad tras analizar las pruebas.
Este caso se suma a la creciente demanda social y política por transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos, un reclamo que resuena con fuerza en un contexto nacional marcado por la impunidad y la corrupción estructural. Mientras tanto, la apertura del juicio político representa un paso relevante para que el Congreso local asuma su papel de contrapeso frente al poder ejecutivo, en defensa del interés colectivo y la justicia social.