La fuga de Luis Ángel N., también conocido como Jaime Andrade Sánchez, la semana pasada en la autopista a la altura de Amozoc, no es un hecho aislado, sino la segunda ocasión en que este individuo logra evadir la justicia en Puebla. Su historial delictivo y de evasión genera alarma entre la familia de la víctima, que teme represalias y exige al gobierno estatal y a la Fiscalía General del Estado (FGE) medidas urgentes para su recaptura.
En 2017, Luis Ángel N. protagonizó su primera fuga del penal distrital de Tepeaca, donde enfrentaba un proceso por secuestro. Según datos recabados, el reo escapó en complicidad con otro interno, aprovechando la confusión y el flujo de personas durante la salida de visitas, lo que evidenció desde entonces la fragilidad y posibles complicidades en los sistemas de custodia penitenciaria del estado.
Tras dos años prófugo, fue reaprehendido en 2019 en Tehuacán mientras recibía atención médica por una lesión facial. Esta detención ocurrió días después de su participación en un segundo secuestro, ocurrido el 29 de mayo de ese año, cuando la víctima fue vista por última vez cerca del centro comercial Paseo Tehuacán. Por este delito, la FGE logró una condena de 60 años de prisión el pasado 4 de junio contra Juana N., coautora del secuestro agravado, quien participó activamente en la privación de la libertad y exigió un rescate inicial de 500 mil pesos, del cual se pagaron 300 mil sin lograr la liberación segura de la víctima.
La reciente fuga de Luis Ángel N., ocurrida durante su traslado judicial, ha generado indignación y temor entre los familiares de la víctima originaria de Tlacotepec de Benito Juárez, quienes se sienten en una situación de alta vulnerabilidad. La evasión no solo pone en duda la eficacia de las autoridades, sino que también trunca la posibilidad de esclarecer el paradero final de la persona secuestrada. Aunque existen indicios extraoficiales de que la víctima pudo haber sido asesinada, no hay certeza jurídica ni material, y la información que podría aportar el prófugo es crucial.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que los dos elementos encargados de la custodia fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para investigar posibles omisiones, negligencias o complicidades en la fuga ocurrida en la autopista a la altura de Amozoc. Además, se inició una investigación interna, pero hasta el momento no hay pistas sobre el paradero del evadido.
Este caso pone en evidencia, una vez más, las deficiencias estructurales en los sistemas de seguridad y justicia en Puebla, que permiten que delincuentes con antecedentes graves continúen operando con impunidad. En un contexto donde la movilidad urbana y la seguridad pública son temas prioritarios, la implementación de sistemas de transporte como el cablebús en Puebla podría contribuir a mejorar la conectividad y reducir la vulnerabilidad de las comunidades, siempre que se acompañe de políticas integrales que fortalezcan la justicia y la protección ciudadana.