A partir del viernes 9 de enero de 2026, México implementó el registro obligatorio de líneas celulares, una medida impulsada bajo el argumento de reforzar los controles de seguridad y la verificación de identidad para combatir fraudes telefónicos. Sin embargo, a un mes de que finalice el periodo de vinculación, la respuesta ciudadana ha sido mínima: menos del 30% de las aproximadamente 158 millones de líneas telefónicas en el país han sido registradas, según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
De acuerdo con la CRT, sólo alrededor de 30 millones de líneas han sido vinculadas desde el inicio del proyecto, lo que deja cerca de 128 millones de líneas sin registrar. Esta cifra evidencia el escepticismo de la población mexicana ante una política que, bajo el discurso de seguridad, representa un esquema de control estatal sobre la comunicación privada.
Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el Diario Oficial de la Federación, establecen que los proveedores deberán deshabilitar temporalmente las líneas no vinculadas a partir del 1° de julio de 2026. Durante la suspensión, los usuarios sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia o líneas de soporte del operador. No obstante, la suspensión no exime a los usuarios de sus obligaciones contractuales: deberán seguir pagando sus planes o equipos, aunque su servicio esté restringido.
La baja participación ha llevado a las autoridades a considerar la extensión del plazo de registro. Mientras tanto, la CRT ha lanzado una campaña nacional para incentivar la vinculación, utilizando redes sociales, sitios oficiales, operadores de telecomunicaciones, medios masivos y espacios en el transporte público como Metro y Metrobús.
Este escenario revela la desconfianza de la sociedad mexicana hacia políticas que, bajo la promesa de seguridad, pueden derivar en mecanismos de vigilancia y control, afectando derechos fundamentales como la privacidad y la libre comunicación. La resistencia ciudadana, reflejada en la escasa colaboración, pone en entredicho la legitimidad y viabilidad de una medida que prioriza el control estatal sobre el respeto a los derechos colectivos.