Paulina González Garibay, quien hasta hace unos meses laboraba en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el área de CFE-Distribución, División Centro Oriente con sede en Puebla, se encuentra en el centro de la polémica tras reportar un ingreso anual neto de más de 60 millones de pesos en su declaración patrimonial correspondiente a 2024, por concepto de remuneración durante el año 2023. La cifra, insólita para un cargo público en México, ha encendido las alarmas sobre los mecanismos de control y transparencia en la empresa productiva del Estado.
El 27 de febrero de 2025, la CFE emitió un oficio oficial dirigido a la empresa de vigilancia Secumax para restringir el acceso de González Garibay a las instalaciones de la División de Distribución Centro Oriente. Dicho documento, firmado por el Lic. Manuel Dehesa Toledo, jefe del Departamento de Servicios Generales, instruye al personal de seguridad a no permitirle la entrada “por ningún motivo” y solicita total discreción en la aplicación de esta medida. Hasta el momento, la CFE no ha emitido un posicionamiento público respecto a los motivos de esta restricción ni sobre el origen de los ingresos reportados por la exfuncionaria.
La declaración patrimonial de González Garibay destaca por su monto fuera de toda proporción con los salarios usuales en la administración pública. Según el documento, percibió $60,343,974 MXN netos en 2023, sin registrar ingresos adicionales por actividades industriales, comerciales, financieras o servicios profesionales. El contraste con la situación de miles de jubilados de organismos estatales resulta escandaloso y pone en cuestión la gestión de los recursos públicos en la CFE.
Mientras tanto, más de 93 mil jubilados de instituciones como Pemex, CFE, Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro enfrentan una reducción de hasta el 60% en sus pensiones mensuales a raíz de la reforma al artículo 127 constitucional. Dicha reforma, cuya entrada en vigor es progresiva y alcanzará su tope máximo en 2026, elimina las llamadas “pensiones doradas” e impone un límite de $67,145 pesos mensuales para la mayoría de los trabajadores del sector público, exceptuando a las fuerzas armadas.
Este recorte ha generado un ambiente de incertidumbre y temor entre los extrabajadores, quienes consideran que la aplicación retroactiva de la reforma vulnera el principio de irretroactividad de la ley, protegido por el artículo 14 de la Constitución. El ajuste fiscal y la reestructuración de pasivos laborales, bajo la justificación de hacer sostenibles las finanzas públicas, han resultado en una fuerte presión sobre los derechos adquiridos de estos trabajadores.
El caso de González Garibay, sumado a la situación de los jubilados, revela las profundas contradicciones del actual modelo de gestión de empresas públicas en México. Mientras una minoría puede acceder a sueldos exorbitantes, la mayoría de los trabajadores enfrenta recortes y precarización. Esta desigualdad es reflejo de un sistema que prioriza la opacidad y los intereses corporativos sobre la justicia social, la equidad económica y la protección de los derechos colectivos, valores que deberían ser el pilar de cualquier política pública orientada al bienestar común. La vigilancia y exigencia de transparencia deben ser permanentes ante el riesgo de que el aparato estatal siga reproduciendo lógicas de privilegio y exclusión.