Durante el fin de semana pasado, autoridades mexicanas aseguraron un narco túnel que conectaba Tijuana con San Diego, California, en una operación conjunta entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional.
La construcción, ubicada en el fraccionamiento Nueva Tijuana, tiene una profundidad de 6.3 metros y una longitud de 250 metros. Destaca por su sofisticación tecnológica, ya que contaba con iluminación eléctrica, sistema de ventilación y una plataforma eléctrica deslizante diseñada para transportar personas y objetos, presumiblemente estupefacientes, hacia territorio estadounidense.
Durante el cateo, las autoridades encontraron cuatro cartuchos de arma de fuego, tarjetas bancarias, tres teléfonos móviles, un sistema de videovigilancia, diversas identificaciones, más de 20 dosis de metanfetamina y una bolsa con cannabis. El inmueble fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal en Baja California por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley General de Salud, debido a su probable uso para el traslado clandestino de personas, drogas, armamento, explosivos y dinero.
La Guardia Nacional mantiene resguardada la construcción, que se presume llevaba varios meses en operación bajo el control de alguno de los grupos delictivos que operan en la región.
Este hallazgo no es aislado. En junio de 2025, autoridades estadounidenses localizaron la salida de otro túnel que iniciaba en el mismo fraccionamiento, lo que alertó a las fuerzas de seguridad mexicanas. En esa ocasión, el operativo se realizó en la calle Gustavo Campa, donde se descubrió una infraestructura similar con cableado eléctrico, iluminación, ventilación y vías para transportar grandes cantidades de materiales.
La recurrencia de estos túneles en Nueva Tijuana evidencia la persistencia y sofisticación con la que los cárteles de la droga continúan operando en la frontera norte, desafiando la seguridad y soberanía nacional, y subrayando la necesidad de políticas públicas integrales que combatan las raíces sociales y económicas que alimentan este fenómeno.