El pasado miércoles, un doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudió la zona norte de Venezuela, dejando hasta hoy lunes 29 de junio de 2026 un saldo oficial de 1,719 personas fallecidas y 5,034 heridas, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Durante un balance transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez detalló que desde el sismo inicial se han registrado 609 réplicas, incluida una esta mañana con magnitud reportada entre 4.2 y 4.6, según fuentes oficiales y el Servicio Geológico de Estados Unidos. A pesar de la intensidad, esta última réplica no causó daños adicionales, aunque generó preocupación entre la población.
El impacto del doble sismo ha dejado además 15,866 personas damnificadas y daños en 855 edificios, de los cuales 189 colapsaron por completo. La región más afectada es La Guaira, zona costera que ya había sufrido una tragedia similar en 1999 con un deslave que causó miles de muertes.
Este evento es el más mortífero en Venezuela en casi seis décadas, superando el terremoto de julio de 1967 cerca de Caracas, que dejó 245 muertos y cuantiosos daños materiales. En esta ocasión, el sismo afectó a Caracas y a otros seis estados del norte del país.
Para atender la emergencia, en La Guaira se habilitaron 15 grandes refugios y otros espacios en escuelas, mientras que en Caracas se establecieron 50 campamentos provisionales para los desplazados.
El domingo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una comisión para inspeccionar las viviendas afectadas y extendió por una semana la suspensión de clases, medida que busca proteger a la población en medio de la crisis.
Mientras tanto, los equipos de rescate nacionales e internacionales continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Sin embargo, algunos habitantes de La Guaira han denunciado retrasos en la llegada de la ayuda, lo que evidencia las dificultades logísticas y la necesidad de una respuesta más eficiente y coordinada.
Este desastre natural pone en evidencia la urgencia de fortalecer la infraestructura pública y los sistemas de protección civil en Venezuela, así como la importancia de políticas que prioricen la justicia social y la atención a las comunidades más vulnerables, que suelen ser las más afectadas en estos eventos.