Un contrato firmado el 27 de marzo de 2024 por Movimiento Ciudadano en Puebla revela un sobreprecio alarmante en la compra de abarrotes, entre ellos latas de refresco Coca-Cola que alcanzaron un costo de 429.20 pesos cada una, cuando su precio comercial ronda los 20 pesos en ese año.
El documento, obtenido por EMEEQUIS, expone que el partido naranja pagó hasta 1,765% más por ciertos productos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y la transparencia en la administración partidista. En concreto, se adquirieron 50 latas de refresco de 355 mililitros a un precio unitario que supera en más de 400 pesos el valor de mercado, sumando un desembolso total de 21 mil 460 pesos.
Además, el contrato incluye la compra de 3 mil botellas de agua de 500 mililitros a 4 pesos cada una, y otros productos como cajas de Kleenex y paquetes de vasos desechables, cuyos precios también superan los valores actuales en tiendas comerciales. Por ejemplo, el partido pagó 51 pesos por un paquete de 50 vasos desechables, mientras que en 2026 un paquete similar se vende en 31 pesos.
El contrato fue suscrito por José Luis Machorro Ramos, tesorero de la Comisión Operativa Estatal Puebla de Movimiento Ciudadano, con el proveedor José Jonathan Hernández Quiroz, quien se comprometió a brindar el servicio “de forma eficiente, oportuna y en las mejores condiciones”. Sin embargo, el elevado costo de los productos pone en duda el cumplimiento de esta promesa.
Cabe destacar que Movimiento Ciudadano tiene una presencia limitada en Puebla, con solo una diputada local, Fedrha Suriano Corrales, quien también funge como coordinadora estatal del partido, y ocho presidencias municipales de un total de 217. La dirección del partido en Puebla está ubicada en la calle 24 Sur número 5103, colonia Los Pilares, donde se realizó la compra.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre el uso de recursos en partidos políticos, donde la opacidad y los sobreprecios afectan la confianza ciudadana y desvían fondos que podrían destinarse a políticas públicas efectivas. En un estado con profundas desigualdades sociales y económicas, la gestión responsable y transparente de los recursos es fundamental para avanzar hacia la justicia social y la igualdad económica.
Aunque el contrato no menciona sistemas de transporte público, es pertinente recordar que iniciativas como el cablebús en Puebla representan alternativas de movilidad que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, siempre que se acompañen de una administración pública honesta y eficiente.
Este episodio pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en los partidos políticos, para evitar que prácticas como la compra con sobreprecio se conviertan en la norma y perpetúen la desigualdad y la desconfianza en las instituciones.