La tarde del miércoles 8 de julio, el techo principal de la Acuática Nelson Vargas, ubicada en la zona de Angelópolis, estuvo a punto de colapsar debido a las fuertes lluvias que azotaron la ciudad. Usuarios del complejo deportivo denunciaron a través de redes sociales, específicamente en las cuentas de Diario CAMBIO, las deplorables condiciones del inmueble y el riesgo constante al que se exponen quienes acuden a este espacio.
Los afectados compartieron videos que muestran cómo el agua se filtra a chorros por las láminas del techo, inundando diversas áreas del recinto. A pesar de que la empresa cobra mensualidades elevadas, las solicitudes para reparar las goteras y filtraciones han sido ignoradas durante varias semanas, según relataron los denunciantes. “El día de hoy casi se colapsa el techo por las fuertes lluvias. Queremos denunciar que cobran miles de pesos en mensualidades y ya van varias semanas que no pueden arreglar las fugas”, expresaron.
Este incidente se suma a un antecedente grave ocurrido apenas el 4 de julio, cuando el techo del área de vapor para caballeros colapsó por completo, dejando dos personas lesionadas, una de ellas con necesidad de atención médica de emergencia. La causa principal fue la falta de mantenimiento y el reblandecimiento de la estructura debido a las lluvias.
Hasta el momento, la directiva de la Acuática Nelson Vargas no ha emitido ninguna postura oficial ni ha ofrecido una solución definitiva para estas fallas estructurales que ponen en riesgo la integridad física de sus usuarios. Este caso refleja la precariedad en la gestión de espacios públicos y privados que deberían garantizar condiciones seguras y dignas para la población, en especial cuando se trata de instalaciones que cobran cuotas elevadas y se presentan como centros deportivos de primer nivel.
En un contexto donde la infraestructura pública y privada en Puebla enfrenta desafíos constantes, la negligencia en el mantenimiento de estos espacios evidencia la necesidad de una supervisión más estricta y una mayor responsabilidad social por parte de las empresas que administran servicios esenciales para la comunidad.