El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reafirmó el domingo 19 de julio de 2026 que su régimen no permitirá procesos electorales que puedan poner en riesgo el control del oficialismo, sepultando así cualquier esperanza de alternancia democrática en el país.
Durante un acto masivo en Managua para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega afirmó con contundencia: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Estas declaraciones reflejan la consolidación de un régimen autoritario que ha gobernado Nicaragua desde 2007, en medio de denuncias constantes de fraude electoral y la eliminación sistemática de la oposición.
Desde 2017, Ortega comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien fue vicepresidenta y desde febrero de 2025 ostenta el cargo de copresidenta, una figura creada mediante una reforma constitucional que ha sido ampliamente cuestionada por organismos internacionales como la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo, así como por la oposición nicaragüense.
La reforma constitucional, que entró en vigor a inicios de 2025, transformó profundamente el Estado nicaragüense al eliminar el equilibrio de poderes y otorgar un control absoluto a Ortega y Murillo. Entre sus modificaciones más polémicas está la ampliación del periodo presidencial de cinco a seis años y la legalización de la apatridia, además de la instauración de la copresidencia, un cargo sin mandato ni legitimidad democrática, según denuncias del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Estas enmiendas han pospuesto las elecciones generales originalmente previstas para noviembre de 2026, trasladándolas a noviembre de 2027, en un contexto donde la oposición ha sido desplazada y criminalizada. Ortega acusó a los opositores exiliados de estar “agazapados” y de buscar enriquecerse mediante un supuesto intento de “atrapar el poder”, y anunció que trabajará con la Asamblea Nacional, subordinada a la Presidencia, para aprobar leyes que bloqueen a los “golpistas” y “vendepatrias”, en referencia a sus adversarios políticos.
El Departamento de Estado estadounidense señaló en enero pasado que Murillo “cobardemente” ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no podría ganar en un proceso libre, y advirtió que “el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo” nicaragüense.
Este escenario confirma la profundización del autoritarismo en Nicaragua, donde la democracia ha sido desmantelada desde las estructuras mismas del Estado, y donde la comunidad internacional enfrenta el reto de apoyar a los sectores populares que exigen justicia social y derechos políticos en medio de un régimen que se aferra al poder sin contrapesos.