La discriminación estructural contra los pueblos afromexicanos persiste en México, a pesar de los avances legislativos recientes. Así lo afirmó Isabelle Mamadou, presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU, al concluir su visita oficial al país. Mamadou, acompañada por la experta Catherine Namakula, señaló que el color de piel sigue utilizándose como criterio de sospecha en controles policiales y migratorios, manteniendo prácticas de perfilamiento racial que afectan gravemente a esta población.
“México aún no sabe cuántas personas afrodescendientes desaparecen, migran o acceden a la justicia”, subrayó Mamadou, evidenciando la falta de datos desagregados como uno de los principales obstáculos para diseñar políticas públicas efectivas. La invisibilidad estadística perpetúa las desigualdades y dificulta el acceso a servicios básicos, justicia y representación en los espacios de toma de decisiones. En su diagnóstico, las representantes de la ONU hicieron énfasis en la necesidad de romper con la histórica subrepresentación de los afromexicanos y atender su vulnerabilidad ambiental.
El reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos, logrado en 2019, representa un avance significativo en la historia reciente de México. Sin embargo, las expertas advirtieron que este logro corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía si no se traduce en acciones concretas, memoria histórica y cambios transformadores para las comunidades. “El reconocimiento sin implementación corre el riesgo de afianzar más la desigualdad en lugar de resolverla”, sentenció Mamadou.
Durante su visita, las representantes de la ONU escucharon reclamos de los pueblos afromexicanos, quienes demandan una nueva relación con el Estado, basada en la participación plena, justicia territorial y desarrollo. Las expertas señalaron que las políticas públicas deben adoptar un enfoque diferenciado y antirracista, alejándose de marcos institucionales pensados exclusivamente para los pueblos indígenas. Además, recalcaron la importancia de elaborar estas políticas en consulta directa con las comunidades afectadas.
Desde una perspectiva de justicia social, la persistencia del racismo estructural y la negación de derechos fundamentales a los afromexicanos evidencia los límites del modelo económico y político dominante, que históricamente ha marginado a las minorías étnicas. La deuda histórica con estos pueblos no podrá saldarse sin voluntad política sostenida, reformas legales profundas y una participación significativa de las comunidades en la toma de decisiones.
El Grupo de Trabajo de la ONU presentará un informe completo sobre su visita al Consejo de Derechos Humanos en los próximos meses, documento que se espera contribuya a visibilizar la situación y a impulsar acciones concretas para avanzar hacia la igualdad y la justicia para los pueblos afromexicanos en México.