La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, defendió este lunes 20 de julio de 2026 al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien calificó como un “preso político”. La legisladora acusó al gobierno federal de utilizar su encarcelamiento como una cortina de humo para desviar la atención de la red de corrupción vinculada al huachicol fiscal y a los audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
López Rabadán sostuvo que resulta ofensivo para la inteligencia de los mexicanos que Ruffo sea el único detenido por este esquema, cuando, afirmó, no ocupaba ningún cargo público en el momento de los hechos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR). Enfatizó que el contrabando de combustibles requiere la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales, y no de ciudadanos sin responsabilidad pública.
La diputada panista señaló que el huachicol fiscal sólo puede operar con la participación o la omisión de funcionarios de distintos niveles de gobierno, quienes, dijo, se enriquecen mientras el Estado pierde recursos que deberían destinarse a servicios públicos como educación, salud y seguridad. Por ello, consideró que las investigaciones deben centrarse en quienes “firman, autorizan y permiten el huachicol”, y no en el primer gobernador de oposición en la historia del país.
“Hay grandes reclamos en nuestro país y no es metiendo a un preso político a la cárcel como se van a solucionar esos problemas”, afirmó López Rabadán, para quien la detención de Ruffo representa una afrenta a la democracia y a la historia nacional.
En paralelo, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, denunció una “cacería de brujas” por parte de la administración de Claudia Sheinbaum y exigió que la gobernadora Marina del Pilar Ávila solicite licencia para facilitar las investigaciones sobre el presunto contrabando de combustibles.
Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal rechazó cualquier aplicación selectiva de la justicia y aseguró que la detención del exgobernador responde exclusivamente a las pesquisas de la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, descartando motivaciones políticas en el caso.
Este episodio se inscribe en un contexto de creciente polarización política y judicial en México, donde la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se entrelaza con acusaciones de persecución política, evidenciando las tensiones entre el gobierno federal y la oposición.