El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que el homicidio del periodista Josué Martínez, ocurrido en San Martín Texmelucan, será investigado a fondo para esclarecer los hechos y castigar a los responsables. En entrevista, el mandatario estatal informó que instruyó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a realizar las pesquisas correspondientes y reiteró que en Puebla no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de comunicadores.
Armenta Mier destacó que Martínez había denunciado presuntas amenazas desde hace aproximadamente seis meses, a través de un video difundido públicamente. Sin embargo, señaló que, según la información disponible, el periodista no solicitó apoyo ni medidas de protección ante las autoridades ni presentó denuncia formal. “Si hubiera presentado una denuncia o lo hubiera comentado al presidente municipal, obviamente se habría iniciado una investigación; para nosotros es muy importante salvaguardar la vida de ustedes”, expresó el gobernador.
El mandatario también informó que ya sostuvo comunicación con la fiscal general del Estado y, por medio del secretario de Gobernación, se estableció contacto con los familiares de la víctima para brindarles acompañamiento. Además, anunció que el Gobierno del Estado cubrirá los gastos funerarios y que la esposa del periodista contará con medidas de protección.
La directora de Atención a Agravios contra Periodistas, Angélica Patiño, mantiene comunicación permanente con la familia y con integrantes del gremio periodístico para dar seguimiento al caso.
En un contexto donde la violencia contra periodistas sigue siendo una constante en México, Armenta Mier hizo un llamado a quienes hayan recibido amenazas a denunciarlas, incluso de forma anónima, para que las autoridades puedan actuar de manera preventiva. Asimismo, adelantó que pondrá a disposición de los comunicadores un canal de contacto directo para atender situaciones de emergencia y solicitará un informe para conocer si actualmente existen periodistas bajo algún esquema de protección en la entidad.
Este compromiso gubernamental se inscribe en un momento en que la defensa de la libertad de expresión y la protección de los derechos colectivos son fundamentales para contrarrestar la impunidad y la violencia estructural que afecta a la prensa en México. La respuesta institucional, aunque tardía, es un paso necesario para garantizar que el ejercicio periodístico no sea silenciado por la violencia ni el miedo.