El caso de Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido como Fofo Márquez, volvió a ocupar la atención pública luego de que el influencer enviara una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que reclama que se respeten sus derechos y denuncia que el delito por el que fue sentenciado está “totalmente fabricado”. Márquez fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión por tentativa de feminicidio, tras un incidente ocurrido en febrero de 2024 en Ciudad Brisa, Naucalpan, Estado de México.
El ataque contra una mujer, registrado en video, fue pieza clave en el proceso judicial que concluyó con la sentencia confirmada por un tribunal. Desde entonces, Márquez permanece recluido en el penal de Barrientos, mientras su defensa ha agotado diversas vías legales para revertir o modificar la condena. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el amparo que buscaba una nueva revisión del caso.
La carta dirigida a Sheinbaum surge en un contexto de creciente debate público sobre la aplicación de la justicia en casos de violencia de género, especialmente tras la postura que la presidenta expresó sobre el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. En la llamada Mañanera del Pueblo, Sheinbaum afirmó que “la ley es igual para todos” y que no habría protección por amistad o cercanía política en estos casos.
Fofo Márquez utilizó esta declaración para exigir un trato igualitario en su situación. En el texto difundido desde prisión, escribió: “Expreso a través de esta carta que se hagan valer mis derechos como así lo menciona la presidenta (Claudia Sheinbaum) en el video que compartí, que no hay preferencias ni amistades y que aplique la ley al igual para todos, ya que el delito por el que me juzgan está totalmente fabricado. Cuántas familias a diario no sufren de lo mismo y están impunes que les dan la misma pena y que aplique parejo para todos”.
Este nuevo pronunciamiento representa un intento más de Márquez por cuestionar la legitimidad de su condena y la equidad del proceso judicial. Sin embargo, hasta el momento, la sentencia permanece firme y el sistema judicial no ha otorgado una revisión favorable a su caso.
El debate sobre la justicia en México, particularmente en materia de violencia de género, continúa siendo un tema de alta sensibilidad social y política. La exigencia de aplicar la ley sin privilegios es un reclamo legítimo que debe ser atendido con rigor y transparencia, para garantizar que los derechos de todas las personas, víctimas y acusados, sean respetados por igual.