El pasado 17 de junio, un hombre identificado como David Sides Fuentes, residente en Mérida, Yucatán, solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la concesión por diez años de la marca y logotipo “El Pato Merlín. El pato de la suerte”, según consta en el expediente 3643308.
El diseño que busca registrar incluye la imagen de un pato con una playera verde que porta un símbolo similar a Quetzalcóatl, comparable al que utiliza la Selección Mexicana de Futbol, y detrás del ave aparece el Calendario Azteca. La solicitud contempla el uso de la marca en diversos ámbitos comerciales, desde campañas políticas hasta incubadoras de negocios y gestión empresarial de artistas y deportistas.
Este intento de apropiación ha generado una respuesta inmediata de la familia propietaria del “Pato Merlín”, un símbolo popular y de arraigo social, que ha sido reconocido como un sustento legítimo para sus integrantes. En la conferencia matutina del lunes 22 de junio en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su rechazo a esta acción, calificándola como un abuso.
“No es justo que alguien más quisiera registrar al pato como una marca. ¡Imagínense, qué abuso!”, declaró la jefa del Ejecutivo federal, quien aseguró que su gobierno apoyó a la familia para registrar legalmente al ave ante el IMPI.
Por su parte, Karla, dueña del popular pato, enfatizó que su familia es trabajadora y que el “Pato Merlín” representa un esfuerzo diario por obtener un sustento digno. La viralización del caso en redes sociales y medios ha puesto en evidencia las tensiones que surgen cuando intereses particulares intentan apropiarse de símbolos con valor comunitario y social.
Este episodio refleja, una vez más, la necesidad de proteger los derechos colectivos frente a prácticas que reproducen la lógica del capital y la mercantilización indiscriminada, afectando a quienes dependen de estos símbolos para su subsistencia. En un contexto donde la justicia social y la defensa de los derechos populares son urgentes, la intervención del Estado para garantizar la propiedad legítima de la familia del “Pato Merlín” es un paso necesario para evitar la privatización de bienes culturales y sociales.