En un fallo dividido 6-3, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el martes 30 de junio de 2026 las leyes estatales de West Virginia e Idaho que prohíben la participación de atletas transgénero en deportes femeninos escolares, en un nuevo revés para los derechos de las personas LGBTQ+.
La decisión, redactada por el juez Brett Kavanaugh, sostiene que estas leyes no violan ni la 14.ª Enmienda de la Constitución ni el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, que prohíbe la discriminación por sexo en la educación. Kavanaugh argumentó que “la Constitución y el Título IX no exigen una transformación de los deportes femeninos y para niñas en todo Estados Unidos”.
Aunque el juez expresó simpatía hacia las niñas y mujeres transgénero que desean competir, reconociendo que “su deseo de competir merece respeto” y que no deberían ser “marginadas ni vilificadas”, el fallo afecta directamente solo a estos dos estados, pero se prevé que tenga repercusiones en al menos otros 25 estados con prohibiciones similares.
Este veredicto se inscribe en una serie de decisiones recientes de la Corte Suprema, cuya mayoría conservadora 6-3 ha limitado derechos transgénero en distintos ámbitos. En 2025, el tribunal confirmó leyes que prohíben tratamientos de transición para menores transgénero y respaldó a padres que objetaban políticas de protección a estudiantes trans en California. También permitió mantener políticas de la administración Trump que excluyen a personas transgénero de las Fuerzas Armadas y restringen su identidad de género en documentos oficiales.
En contraste, la Corte Suprema había reconocido en 2020 que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege contra la discriminación laboral por identidad de género y orientación sexual, una decisión que hoy parece una excepción en medio del retroceso actual.
Los casos que motivaron la resolución involucran a Becky Pepper-Jackson, de 16 años, estudiante de preparatoria en West Virginia, y Lindsay Hecox, de 25 años, universitaria en Idaho. Ambas han recibido tratamientos hormonales y han competido en deportes femeninos, pero sus intentos por participar en competencias oficiales fueron bloqueados por las leyes estatales.
Este giro en la jurisprudencia se da en un contexto político y social marcado por la oposición de sectores conservadores a los derechos transgénero. La administración Trump, que firmó en 2025 una orden ejecutiva titulada “Keeping Men Out of Women’s Sports”, respaldó a los estados en este litigio y ha promovido demandas contra políticas inclusivas, como las de California.
A nivel internacional, el Comité Olímpico Internacional anunció en marzo de este año que las mujeres transgénero ya no podrán competir en categorías femeninas en los Juegos Olímpicos, mientras que la NCAA y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos han impuesto restricciones similares.
Las leyes en cuestión definen el sexo biológico exclusivamente por la genética al nacer. La de West Virginia, promulgada en 2021, establece que una mujer es quien fue determinada como femenina al nacer, y la de Idaho, aprobada en 2020, prohíbe que estudiantes del sexo masculino participen en deportes designados para mujeres o niñas.
Este fallo refleja la creciente judicialización de los derechos transgénero en Estados Unidos, donde la igualdad y la inclusión enfrentan un retroceso institucional que afecta a comunidades vulnerables y cuestiona los avances sociales en materia de justicia y derechos humanos.