La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHE) abrió una investigación tras la difusión de un video que exhibe actos de tortura cometidos por policías municipales de Coquimatlán contra un presunto detenido.
El material audiovisual, publicado por la página “Alerta Coquimatlán”, muestra a una persona con las manos atadas a la espalda mientras dos agentes realizan prácticas de tortura. La CDHE confirmó la autenticidad del video y levantó la queja CDHE/1V/139/2026, que fue notificada formalmente al Ayuntamiento de Coquimatlán. Este último tiene un plazo de 24 horas, es decir, hasta este viernes 26 de junio de 2026, para presentar un informe detallado sobre los hechos.
En un comunicado, la Comisión subrayó que “la tortura es una práctica repugnante que debe combatirse con firmeza, sancionarse a los responsables y erradicarse de la función pública. No hay espacio para la tortura en un estado que se precie de ser democrático y no debe haber espacio en la función pública para torturadores”. Además, anunció que se iniciaron investigaciones administrativas y se presentarán las denuncias correspondientes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Coquimatlán emitió un posicionamiento público en sus redes sociales, en el que aseguró que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que aparecen en el video serán investigados y enfrentarán consecuencias jurídicas y administrativas.
“En esta administración no seremos omisos ante ninguna conducta que pudiera contravenir la ley, los reglamentos o los principios que deben regir el servicio público. Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad, transparencia y estricto apego al marco legal”, afirmó el Ayuntamiento.
Asimismo, adelantó que “actuaremos con firmeza, respetando en todo momento el debido proceso y garantizando que cualquier conducta indebida sea investigada y atendida conforme a derecho. Refrendamos nuestro compromiso permanente con la protección y el respeto de los derechos humanos, velando siempre por la dignidad, la integridad y las garantías de todas las personas”.
Este caso se suma a la larga lista de denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por cuerpos policiales en México, un problema estructural que demanda no solo sanciones ejemplares, sino también reformas profundas para erradicar la tortura y garantizar la justicia social. En este contexto, la vigilancia ciudadana y la actuación firme de organismos autónomos como la CDHE son esenciales para avanzar hacia un Estado democrático que respete la dignidad humana.

