El anuncio reciente de la construcción de una planta geotérmica en Puebla, dado a conocer por Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha abierto un debate crucial sobre los beneficios y riesgos de este megaproyecto energético que se planea concretar rumbo al año 2030.
El proyecto busca aprovechar el calor del subsuelo para generar energía eléctrica de manera continua y con un perfil considerado “limpio”, lo que posicionaría a Puebla como un actor estratégico en la transición hacia fuentes renovables en México. Esta iniciativa se inscribe en un contexto nacional donde la diversificación energética es urgente para reducir la dependencia de combustibles fósiles y mitigar el cambio climático.
No obstante, especialistas y sectores críticos han expresado preocupación por los posibles impactos ambientales y sociales que podrían derivarse de la planta. Entre los riesgos más señalados se encuentran la actividad sísmica inducida, resultado de la perforación y la reinyección de fluidos en el subsuelo, que puede alterar las presiones geológicas en zonas sensibles. Este fenómeno ha sido documentado en otros países con proyectos similares, donde la explotación geotérmica ha desencadenado sismos de diversa magnitud.
Además, se advierte sobre el posible daño a acuíferos subterráneos, debido al uso intensivo de agua en el proceso de extracción de calor, así como la liberación de gases naturales atrapados bajo tierra durante la perforación, lo que podría contradecir el discurso de energía limpia. También preocupa la alteración del entorno geológico local, especialmente en regiones con actividad volcánica o fallas tectónicas cercanas, como es el caso de Puebla.
Aunque la CFE ha desarrollado proyectos geotérmicos en otras regiones del país con resultados operativos estables, la singularidad geológica de Puebla plantea interrogantes sobre la capacidad de esta infraestructura para equilibrar el crecimiento industrial, la demanda energética y la seguridad ambiental.
Este debate cobra relevancia en un momento en que el impulso a sistemas de transporte sustentable, como el cablebús o teleférico que se construirá en Puebla, refleja una apuesta por soluciones integrales que combinen movilidad y energía limpia para mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en zonas marginadas.
Por ahora, el proyecto de la planta geotérmica permanece en fase de proyección rumbo a 2030, pero ya ha comenzado a generar una conversación necesaria sobre los límites y desafíos de la transición energética en México, donde la justicia ambiental y social debe ser un eje central para evitar que los megaproyectos reproduzcan desigualdades o riesgos ocultos bajo la superficie.