Una investigación publicada este miércoles 17 de junio de 2026 por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena empleó la infraestructura de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para dispersar 252 mil 901 pagos catalogados como “apoyos sociales” en todo el país. Esta operación se realizó sin ser reportada ante las autoridades electorales y con posibles violaciones a la ley antilavado de dinero.
El contrato original entre Morena y Finabien se firmó el 1 de junio de 2022 con una vigencia de un año, pero fue modificado para extenderse hasta el 28 de junio de 2024, apenas semanas después de la elección federal en la que Claudia Sheinbaum resultó electa presidenta. Según los documentos obtenidos por MCCI, el acuerdo estipulaba explícitamente la prestación de servicios para el “pago de apoyos sociales”.
Morena pagó 3 millones 520 mil pesos en comisiones a Finabien, que cobraba 12 pesos más IVA por cada pago realizado mediante giros nacionales. Sin embargo, una auditoría interna de Finabien (código 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005) reveló que solo se efectuaron 140 mil 878 operaciones reales, por lo que se reintegraron a Morena 1.6 millones de pesos por comisiones pagadas en exceso. Aunque no se detalla el monto exacto de cada apoyo, MCCI subraya que, incluso con un mínimo de 100 pesos por pago, el desembolso total sería millonario.
La investigación destaca tres irregularidades principales. Primero, el ocultamiento al Instituto Nacional Electoral (INE): Morena no reportó el contrato ni el origen de los recursos para estos apoyos en sus informes de rendición de cuentas 2022-2024. Esta “megaoperación” contrasta con las cifras oficiales, pues mientras Morena y su coalición reportaron casi 33 mil operaciones financieras en gastos de campaña de 2024, Finabien realizó más de 250 mil transferencias.
Segundo, el uso de recursos fuera del marco legal: ni las leyes electorales ni los estatutos de Morena autorizan al partido a entregar apoyos sociales. Un ex consejero electoral consultado por MCCI calificó esta práctica como ilegal y la comparó con el “caso Monex” de 2012, donde se usaron transferencias para pagar a representantes de casilla sin que esos gastos se contabilizaran en los topes de campaña.
Tercero, la violación a la ley antilavado de dinero: la auditoría interna de Finabien, con resultados emitidos en diciembre de 2025, concluyó que el contrato incumplió los protocolos establecidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A pesar de que desde enero de 2023 se alertó sobre la necesidad de controles antilavado, las autoridades no actuaron.
Al cierre de la investigación, MCCI informó que envió un cuestionario a la dirigencia nacional de Morena para conocer su postura, pero no recibió respuesta.
Este caso pone en evidencia la persistencia de prácticas opacas en el manejo de recursos públicos y partidistas, que afectan la transparencia y la equidad en los procesos electorales. En un contexto donde la justicia social y la igualdad económica son urgentes, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar que estructuras estatales se utilicen con fines políticos sin supervisión adecuada. Mientras tanto, proyectos como el cableb