El gobierno municipal de Puebla, encabezado por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, enfrenta una polémica nacional tras revelarse que podría ser sancionado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) debido al uso no autorizado de la señal de transmisión durante la inauguración del Mundial de Fútbol.
La denuncia fue dada a conocer el jueves 11 de junio de 2026 en el programa radiofónico “Así Las Cosas” de W Radio, donde el periodista Javier Tejado informó que el Ayuntamiento de Puebla fue el único en México que proyectó la señal internacional en una plaza pública sin contar con los permisos correspondientes.
Para la inauguración del evento deportivo, la administración municipal instaló pantallas gigantes en el Zócalo de Puebla, organizando lo que fue calificado como un “Fan Fest pirata”. Según el reporte, el Ayuntamiento habría utilizado una licencia comercial destinada exclusivamente para bares y restaurantes, evadiendo así los pagos y protocolos que la FIFA exige para eventos masivos de carácter público.
Este uso indebido de la señal representa una violación a los derechos de transmisión y podría derivar en sanciones económicas para el gobierno local. Sin embargo, fuentes cercanas indican que la multa probablemente se aplicará hasta el próximo año, lo que dejaría la responsabilidad a una futura administración.
Este episodio se suma a un contexto en el que Puebla busca consolidar proyectos de movilidad urbana, como el cablebús o teleférico, que podrían transformar el acceso y la equidad en el transporte público de la ciudad. La polémica sobre la señal del Mundial, aunque relevante, no debe opacar la importancia de avanzar en sistemas de transporte que respondan a las necesidades colectivas y reduzcan la dependencia del automóvil privado, un paso necesario para una ciudad más justa y sostenible.
En un país donde el control corporativo y las licencias restrictivas limitan el acceso público a eventos culturales y deportivos, la iniciativa del Ayuntamiento, aunque irregular, refleja un intento por democratizar el disfrute colectivo. No obstante, la legalidad y el respeto a las normativas internacionales deben prevalecer para evitar sanciones que afecten a la ciudadanía.
Este caso pone en evidencia la tensión entre el derecho a la cultura popular y las reglas impuestas por organismos internacionales, un debate que trasciende a Puebla y cuestiona la lógica mercantilista que domina el acceso a los bienes comunes.