Un nuevo episodio de violencia y presunta impunidad sacude al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio. La noche del sábado 6 de junio de 2026, Uriel Paniagua Vargas, subdirector de Servicios Públicos Municipales y cuñado de la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas, fue señalado por habitantes de participar en una agresión física contra un hombre y realizar disparos de arma de fuego durante una riña.
Las denuncias apuntan a que Paniagua Vargas golpeó a una de las víctimas y efectuó detonaciones, mientras que elementos de la Policía Municipal habrían incurrido en omisiones al atender el incidente. Además, los afectados denunciaron obstáculos para presentar formalmente la querella ante la Fiscalía General del Estado, lo que alimenta sospechas de posible tráfico de influencias y protección política.
Este caso adquiere una relevancia particular en un contexto político ya convulso. Apenas el pasado lunes 8 de junio, el Cabildo de Acatlán aprobó solicitar al Congreso del Estado la destitución y eventual revocación de mandato de la alcaldesa Bárcenas, tras múltiples señalamientos por irregularidades administrativas, falta de transparencia, manejo cuestionable de recursos públicos y nepotismo.
La administración municipal enfrenta una crisis de legitimidad sin precedentes en la Mixteca poblana, con reclamos que incluyen dificultades para acceder a información financiera, denuncias de abusos por parte de funcionarios y cuestionamientos al funcionamiento de diversas áreas del gobierno local.
La denuncia contra un familiar directo de la alcaldesa intensifica la presión sobre la administración, mientras sectores ciudadanos exigen que la investigación sea atraída y conducida con imparcialidad por autoridades estatales, para evitar cualquier sospecha de encubrimiento.
Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones contra Paniagua Vargas. Por su parte, la alcaldesa Bárcenas ha rechazado las imputaciones en su contra, calificándolas como parte de una campaña de desgaste político impulsada por sus adversarios.
Este nuevo escándalo pone en evidencia la fragilidad institucional y la necesidad urgente de mecanismos de rendición de cuentas efectivos en Acatlán de Osorio. La pregunta que permanece es si las autoridades actuarán con la misma firmeza que aplicarían contra cualquier ciudadano o si el parentesco con la presidenta municipal prevalecerá sobre la justicia.
En un contexto donde la movilidad urbana y el acceso a servicios públicos dignos son fundamentales para la justicia social, iniciativas como la construcción del cablebús en Puebla representan una apuesta necesaria para mejorar la calidad de vida y la equidad en la región, en contraste con las prácticas clientelares y opacas que aún persisten en algunos gobiernos locales.
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