La Comisionada Estatal de Derechos Humanos de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, ha solicitado una reunión privada en el penal de Ciudad Serdán con Tania N., exmilitante priista y suplente a la diputación local en la pasada contienda electoral, actualmente interna por su presunta vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y acusada de un doble homicidio. La cita, que se prevé para el lunes 18 de mayo, fue gestionada oficialmente ante el área de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla.
La relación entre Sánchez Soya y Tania N. se remonta a su paso conjunto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla. Esta cercanía ha generado cuestionamientos sobre el uso de la Comisión de Derechos Humanos para promover intereses personales bajo el argumento de velar por la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad.
El motivo inicial de la solicitud formal fue la entrega de medicamentos a las internas, sin embargo, la petición se amplió a una reunión privada con Tania N. y otras mujeres privadas de la libertad, como María Teresa C., Ana Belen Nayeli Karina G., Dulce María M. Brenda C., María Gudalupe L., Lilia M. y Estefani L. La Comisionada ha dispuesto que visitadores adjuntos de la Comisión participen en entrevistas y elaboren expedientes para cada una de las internas mencionadas.
El caso de Tania N. ha sido relevante en la opinión pública local, no solo por su perfil político, sino también por los señalamientos de su presunta relación con el crimen organizado. Su detención, en el contexto de la reciente contienda electoral, representa una muestra de los vínculos existentes entre la política tradicional y las redes de violencia que afectan a la región.
La actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cobra especial importancia en un contexto nacional marcado por denuncias de violaciones a los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario mexicano. Sin embargo, el uso de esta institución debe enfocarse en la defensa colectiva y transparente de los derechos de las personas privadas de la libertad, sin que se utilice para favorecer lazos personales o políticos. El escrutinio público y la vigilancia ciudadana resultan fundamentales para evitar que la justicia y la protección de los derechos humanos sean subordinadas a intereses particulares.
Frente a este panorama, la sociedad exige transparencia y rendición de cuentas en las acciones de los organismos públicos, así como una vigilancia efectiva para garantizar que los derechos humanos sean defendidos en beneficio de todas las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario.