Un caso de presunta crueldad animal ocurrido en el Instituto La Paz de Puebla A.C. ha generado indignación social y una investigación formal por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). La denuncia, difundida inicialmente en redes sociales por la Fundación Patitas Enlodadas AC y retomada por el Instituto de Bienestar Animal (IBA) de Puebla, apunta a que estudiantes de tercer grado de preparatoria participaron en el asesinato y desmembramiento de animales vivos como parte de una práctica en la materia de “Herencia y Evolución Biológica”.
De acuerdo con los testimonios y material audiovisual difundidos, los hechos habrían ocurrido bajo la supervisión del docente Luis N. Se señala que el profesor introdujo dos ratones al aula y que una alumna llevó una coneja negra, con la autorización del maestro, para su uso en la práctica educativa. En los videos, se observa cómo la coneja fue desmembrada mientras varios estudiantes grababan y reaccionaban con risas, en medio de una normalización alarmante del sufrimiento animal.
La reacción de colectivos defensores de animales no se hizo esperar. Diversas organizaciones señalaron que estos actos vulneran la Ley de Bienestar Animal de Puebla, el Código Penal estatal en materia de maltrato animal, y contravienen las normas oficiales mexicanas NOM-033-SAG/ZOO-2014 y NOM-062-ZOO-1999. Estas normativas establecen criterios para el sacrificio humanitario y el uso ético de animales en actividades científicas y educativas, prohibiendo expresamente los métodos que inflijan dolor, sufrimiento o angustia innecesaria.
Tras la difusión del caso, activistas y ciudadanos exigieron la intervención de la FGE, la Secretaría de Educación Pública estatal y el Instituto de Bienestar Animal, solicitando una investigación a fondo y sanciones ejemplares en caso de comprobarse la responsabilidad de los involucrados.
El Instituto La Paz de Puebla emitió un comunicado en el que informó sobre la apertura de un proceso interno de revisión para esclarecer lo sucedido y aseguró estar en contacto con las autoridades educativas para dar seguimiento al caso. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido percibida como tardía e insuficiente ante la gravedad de los hechos denunciados.
Seis días después de la denuncia pública, la FGE inició formalmente una carpeta de investigación. Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra los Animales está realizando diversas diligencias ministeriales, así como el análisis de la información obtenida en redes sociales y otras fuentes, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El caso revive el debate sobre la ética en el uso de animales en la educación y la necesidad de transformar prácticas pedagógicas anacrónicas que perpetúan la violencia y la insensibilidad. Si bien la enseñanza de la biología es fundamental, existen alternativas pedagógicas —como modelos digitales o simulaciones— que no implican el sufrimiento de seres vivos, en concordancia con una visión de justicia social y respeto a los derechos colectivos, extendidos también a otras especies.
Esta situación pone en el centro la urgencia de revisar los protocolos educativos y de fortalecer la vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes de bienestar animal en las instituciones académicas. La investigación en curso será un termómetro de la capacidad de las autoridades para garantizar que el derecho a la educación no se contradiga con los principios más elementales de empatía y respeto hacia la vida.