Las autoridades estadounidenses han extendido sus pesquisas sobre posibles nexos con el crimen organizado a dos gobernadores mexicanos: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, ambos militantes de Morena. Así lo reveló el diario estadounidense Los Angeles Times, que informó que Estados Unidos revocó discretamente las visas de ambos mandatarios estatales.
Pese a esta cancelación, el medio señaló que Durazo y Villarreal continúan ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial denominado “libertad condicional por beneficio público significativo”, un mecanismo reservado generalmente para personas que colaboran con las autoridades o actúan como testigos en investigaciones.
Ante estas acusaciones, el Gobierno de Sonora respondió categóricamente que la información es “completamente falsa” y aseguró que Alfonso Durazo cuenta con visa vigente y no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de Estados Unidos. Paloma Teran, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, rechazó “cualquier señalamiento sin sustento”.
De manera similar, el gobierno de Tamaulipas calificó las acusaciones contra Américo Villarreal como “falsas” y de “enorme gravedad”, subrayando que no existe prueba alguna que las respalde.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso y señaló que los gobernadores deben aclarar si efectivamente les fue retirada la visa. “¿Qué intención hay con quitar la visa y además, hacerlo público?”, cuestionó, evidenciando la complejidad política y diplomática que envuelve estas investigaciones.
Este episodio se suma a un patrón histórico de tensiones entre Estados Unidos y funcionarios mexicanos, donde la lucha contra el crimen organizado se entrelaza con intereses políticos y económicos. En un país marcado por la violencia y la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para avanzar hacia la justicia social y la igualdad.
Mientras tanto, en Puebla, la construcción del cablebús o teleférico avanza como una alternativa de transporte público que puede contribuir a la movilidad sostenible y a la reducción de desigualdades urbanas, en contraste con las sombras que proyectan estas investigaciones sobre el poder político. El impulso a sistemas de transporte público accesibles y eficientes es una vía para fortalecer el derecho colectivo a la ciudad y mejorar la calidad de vida de la población.