El alcalde de San Rafael, Veracruz, Gil Armando Méndez Grappin, enfrenta acusaciones por presuntamente haber ocultado a su sobrino, Ricardo R. S., acusado del feminicidio de Andrea Maylín Chino Ramos en Yautepec, Morelos. La denuncia fue hecha pública por la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, que también señala que el edil habría protegido a los padres del presunto feminicida, quienes fueron detenidos el 17 de junio de 2026.
Según la agrupación feminista, Méndez Grappin, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), habría utilizado su influencia para amparar a sus familiares en San Rafael, Veracruz, a pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos los acusa por encubrimiento y complicidad. Viola S., madre de Ricardo R. S., fue detenida en San Rafael, mientras que su esposo, Ricardo R. C., fue aprehendido en el Estado de México.
El caso de Andrea Maylín, desaparecida el 20 de junio de 2025 en Yautepec, ha sido emblemático para la lucha contra la violencia feminicida en la región. La joven de 22 años fue vista por última vez con Ricardo R. S., quien tardó tres días en informar a la familia sobre su desaparición. Su cuerpo fue encontrado el 30 de julio de 2025 en un predio cercano al domicilio de la familia del presunto agresor. Desde entonces, Ricardo R. S. permanece prófugo, presuntamente con ayuda de sus padres.
La detención de Viola S. y Ricardo R. C. fue posible gracias a la Ley Monse, pionera en México y aprobada en Morelos tras el feminicidio de Monserrat Bendimes en 2021. Esta legislación elimina la “excusa absolutoria” que permitía a familiares encubrir delitos graves como feminicidio, violación o pederastia bajo el argumento de lazos sanguíneos o afectivos.
Veracruz aprobó una reforma similar el 28 de octubre de 2025, con 39 votos a favor, lo que implica que el alcalde Méndez Grappin habría incurrido en un posible delito al proteger a sus familiares después de esa fecha. Aruzy Unda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar, señaló que el edil podría ser objeto de investigación por parte de las autoridades.
Este caso pone en evidencia la persistente complicidad y protección que algunos servidores públicos brindan a quienes cometen crímenes atroces, obstaculizando la justicia y perpetuando la violencia de género. En un contexto donde la justicia social y la igualdad son urgentes, la aplicación efectiva de leyes como la Ley Monse es fundamental para desmantelar redes de impunidad y garantizar la seguridad de las mujeres.