Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, aceptó formalmente la cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos, según un escrito presentado el lunes 6 de julio de 2026 ante un tribunal federal en Nueva York. En el documento, su defensa solicita que no sea enviado a una prisión de máxima seguridad y que se garantice la atención médica adecuada durante el cumplimiento de su condena.
La carta dirigida al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, señala que Zambada se declaró culpable plenamente consciente de que la sentencia sería de cadena perpetua, sin buscar una reducción de la pena. La defensa destacó que desde su llegada a Estados Unidos, hace casi dos años, el narcotraficante evitó litigar y no presentó mociones previas al juicio, lo que permitió ahorrar recursos y tiempo al sistema judicial.
Contrario a otros casos, el escrito aclara que Zambada no prestó “asistencia sustancial” a las autoridades estadounidenses ni tiene intención de hacerlo para obtener beneficios legales. Sin embargo, se pide que se considere su conducta durante el proceso para determinar el centro penitenciario donde cumplirá la condena.
Zambada, de 76 años, se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. La audiencia para dictar sentencia definitiva está programada para el próximo 20 de julio ante el juez Cogan, quien también decidirá las condiciones de su encarcelamiento.
El narcotraficante fue trasladado a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, en una operación que involucró a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Según la defensa y el propio Guzmán López, este último engañó y forzó a Zambada a abordar una aeronave privada que lo llevó a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, donde fue entregado a las autoridades.
La captura de Zambada marcó el fin de décadas de impunidad para uno de los principales operadores del narcotráfico global, cuya influencia y poder económico han tenido profundas repercusiones en México y Estados Unidos. Este caso ejemplifica la compleja relación entre el sistema judicial estadounidense y las redes criminales transnacionales, así como los desafíos para garantizar justicia efectiva sin sacrificar derechos humanos básicos.