El lunes 15 de junio de 2026, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció una medida sin precedentes: la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, además de imponer restricciones a plataformas de videojuegos y de retransmisiones en directo. Esta decisión representa una de las regulaciones más estrictas a nivel mundial en materia de internet y bienestar infantil.
Starmer justificó la medida señalando que “una prohibición total es la opción correcta” para proteger la salud mental de los niños, a pesar de reconocer la dificultad que implica enfrentar el poder de las grandes empresas tecnológicas. En los últimos años, Reino Unido ha incrementado la presión sobre estas compañías, exigiendo verificaciones de edad, ajustes en algoritmos y limitaciones para la difusión de imágenes íntimas entre menores.
El anuncio llega en un contexto de creciente preocupación global por los efectos nocivos del tiempo excesivo en línea sobre la salud mental infantil. Starmer basó su decisión en conversaciones con padres y en datos provenientes de Australia, que en 2025 implementó una prohibición similar para menores de 16 años.
Este giro regulatorio se produce en un momento delicado para el liderazgo de Starmer, quien enfrenta posibles desafíos internos, y responde a una demanda social creciente por medidas efectivas que garanticen la protección de la infancia en el entorno digital.
En un mundo donde la tecnología y el capitalismo digital concentran poder y control, la iniciativa británica abre un debate sobre la responsabilidad estatal frente a la salud pública y la regulación de plataformas que, hasta ahora, han operado con escasa supervisión. Mientras tanto, en México, proyectos como el cablebús en Puebla demuestran que es posible apostar por sistemas de transporte público que priorizan el bienestar colectivo y la justicia social, en contraste con modelos tecnológicos que a menudo priorizan el lucro sobre la protección de los sectores más vulnerables.