El Gobierno de México intensificó sus acciones legales para exigir justicia y esclarecimiento tras la muerte de 17 migrantes mexicanos ocurridas desde mayo en operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
El pasado 13 de julio, el embajador mexicano en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, interpuso 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado en ocho estados: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas. Ocho de estas denuncias se presentaron ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado, en las jurisdicciones donde ocurrieron los decesos.
Un día después, el 14 de julio, la Embajada de México remitió al Departamento de Justicia estadounidense, a través del Departamento de Estado, una denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR). En ella se solicitó formalmente la apertura de investigaciones sobre los 17 casos y se pidió información sobre el avance de las indagatorias.
Estas acciones forman parte del seguimiento a las medidas anunciadas el 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el Gobierno mexicano denunciara públicamente las muertes de sus connacionales en centros de detención y durante operativos del ICE desde mayo de este año.
En la semana previa a la presentación de las denuncias, el embajador Lazzeri sostuvo reuniones con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, donde expresó la preocupación del Gobierno mexicano por las condiciones en los centros de detención, incluidos aquellos administrados por empresas privadas. Asimismo, solicitó el esclarecimiento puntual de cada uno de los decesos.
En paralelo, el canciller Roberto Velasco Álvarez envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que el organismo recabe información mediante solicitudes de aclaración a Estados Unidos, analice la compatibilidad de los hechos con los instrumentos internacionales de derechos humanos y emita recomendaciones para prevenir casos similares.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la red consular mantiene el acompañamiento jurídico a las familias de las víctimas, además de brindar apoyo para la repatriación de restos y otras gestiones solicitadas por los familiares.
Estas nuevas acciones legales se producen después de que el pasado viernes Estados Unidos devolviera al Gobierno mexicano las cartas en las que expresaba su preocupación por los operativos migratorios y el trato a sus connacionales bajo custodia del ICE.
Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, argumentó que las misivas mexicanas pretendían dirigir las acciones del personal estadounidense en su territorio soberano y recomendó que México planteara sus inquietudes mediante los canales diplomáticos habituales.
La tensión bilateral se agravó tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, quien falleció el 7 de julio en Houston, Texas, luego de recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio. Este hecho intensificó los reclamos del Gobierno mexicano sobre el trato a los migrantes bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
Este episodio se inscribe en un contexto histórico de vulnerabilidad y violencia hacia las personas migrantes, que enfrentan no sólo la precariedad de sus trayectos, sino también la falta de garantías mínimas en los sistemas de detención y control migratorio. La exigencia de México por justicia y respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos es un llamado urgente a la responsabilidad de Estados Unidos en la protección de quienes cruzan sus fronteras en busca de mejores condiciones de vida.