A casi ocho años del desplome del helicóptero en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, resurgen en redes sociales versiones que cuestionan la causa oficial del accidente, sin que exista evidencia que las respalde.
El 24 de diciembre de 2018, en el municipio de Coronango, la aeronave se desplomó con cinco personas a bordo, entre ellas Alonso y Moreno Valle, quienes perdieron la vida. La investigación oficial, realizada por autoridades mexicanas con apoyo de expertos internacionales de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), concluyó que el accidente fue resultado de una falla mecánica en el sistema de control del helicóptero, atribuida a deficiencias en el mantenimiento. No se hallaron indicios de atentado o sabotaje.
Sin embargo, recientemente un usuario de la red social X, identificado como @MarkDeReborn11, difundió que Ismael “El Mayo” Zambada habría revelado “con lujo de detalle” a los responsables de un supuesto atentado, señalando que uno de ellos “ya murió” y el otro “está en Palenque”. Esta afirmación carece de cualquier respaldo documental o testimonial, pues no existen registros de que Zambada haya hecho tal declaración en audiencias judiciales, entrevistas o comunicados oficiales.
Este tipo de versiones no son nuevas. En años anteriores, figuras políticas como el exalcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, aseguraron que el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta pronunció la frase “Ya nos los chingamos” al conocer la noticia del accidente. Barbosa rechazó categóricamente esas acusaciones y nunca se abrió una investigación que las confirmara.
Asimismo, hace algunos meses, el senador Ricardo Monreal generó controversia al declarar que conocía a “un exgobernador que mandó asesinar”, sin precisar nombres ni aportar pruebas, lo que provocó la exigencia de aclaración por parte de Rosario Orozco Caballero, viuda de Barbosa.
Estas especulaciones, que reaparecen periódicamente, desvían la atención de problemas estructurales que afectan a Puebla y al país, como la desigualdad social y la necesidad de fortalecer sistemas públicos de transporte accesibles y seguros, como el cablebús que se proyecta en la entidad. Este tipo de infraestructura representa una apuesta por la movilidad sustentable y la justicia social, en contraste con la persistencia de narrativas sin fundamento que sólo alimentan la desconfianza y la polarización.
Hasta la fecha, ninguna autoridad ha presentado nuevas evidencias que contradigan el dictamen oficial sobre el accidente de 2018, por lo que resulta imprescindible mantener un análisis riguroso y basado en hechos para evitar la proliferación de teorías infundadas que no contribuyen a la verdad ni al bienestar colectivo.