El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México rechazó categóricamente las versiones difundidas este jueves por el periodista Carlos Loret de Mola, quien aseguró que se habría realizado un operativo para cambiar de ubicación y ocultar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
A través de una carta aclaratoria, las instituciones federales calificaron como “absolutamente falsas” las afirmaciones sobre un supuesto resguardo del exfuncionario en instalaciones militares del país. Además, negaron que alguna dependencia del Gabinete de Seguridad haya ejecutado acciones para proteger o encubrir a personas sujetas a investigaciones nacionales o internacionales.
El comunicado subraya que la política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales, y que los resultados de esta estrategia son públicos. En ese sentido, destacaron que durante la presente administración se han detenido a más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, incluyendo a 87 servidores y exservidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, como parte de la llamada Operación Enjambre y otras labores de inteligencia.
Asimismo, el Gabinete informó que la estrategia de seguridad vigente ha permitido una reducción del 46 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando coordinadamente para garantizar la seguridad ciudadana, reducir la violencia y combatir la impunidad en todo el territorio nacional.
Por su parte, en su columna publicada este jueves, Carlos Loret de Mola detalló que el pasado lunes se habría activado un operativo de alto nivel para trasladar de manera urgente a Rocha Moya a una ubicación desconocida, ante la sospecha de una inminente acción de las autoridades estadounidenses para su captura. Según el periodista, la cúpula del poder federal recibió información crítica que obligó a actuar con rapidez para evitar la aprehensión del gobernador morenista.
Loret afirmó que “no hubo tiempo de avisar” y que esta medida forma parte de una estrategia deliberada desde Palacio Nacional, en la que la presidenta Claudia Sheinbaum habría decidido blindar a Rocha Moya, aun a costa de un costo político y diplomático que calificó como “carísimo” para su administración.
Este episodio se inscribe en un contexto político complejo, donde la lucha contra la impunidad y la justicia social enfrentan tensiones entre intereses nacionales y presiones externas. La respuesta oficial del Gabinete de Seguridad busca desmentir cualquier protección especial, reafirmando la aplicación de la ley sin privilegios, aunque la controversia sobre el manejo político y judicial de figuras públicas como Rocha Moya continúa siendo un tema de debate público.