El costo que cobró la selección española de fútbol para disputar un partido amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el pasado 8 de junio permanece en la opacidad. A pesar de que medios deportivos como Récord difundieron que la cifra ascendió a tres millones de dólares, el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, desmintió esa información y decidió reservar los detalles del contrato por un periodo de cinco años.
MTP Noticias solicitó acceso a los documentos relacionados con el evento tanto a la Secretaría de Planeación y Finanzas como a la Secretaría de Deporte y Juventud de Puebla. Ambas dependencias coincidieron en que revelar el monto y las condiciones afectaría las relaciones internacionales del estado, en particular las vinculadas con la promoción y organización de eventos deportivos internacionales.
En los documentos oficiales se argumenta que la divulgación anticipada “generaría una afectación real, identificable y razonablemente previsible en la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales que actualmente desarrolla el Estado de Puebla”. Por ello, la información permanecerá reservada hasta 2031, cuando se cumpla el plazo de cinco años.
El expediente incluye el contrato firmado, dictámenes que justificaron la contratación, documentos preparatorios, condiciones técnicas, operativas y económicas, así como documentación complementaria relacionada con la negociación. La autoridad también señaló que revelar los términos podría permitir que futuras federaciones, promotoras o selecciones nacionales ajusten sus exigencias económicas, lo que pondría a Puebla en una posición de desventaja en futuras negociaciones.
El partido, que reunió a 45 mil 845 asistentes, fue parte de la preparación de España rumbo al Mundial 2026, torneo en el que se coronó campeón tras vencer 1-0 a Argentina. En contraste, el costo que cobró Perú por su participación en el encuentro fue considerablemente menor, aunque tampoco se ha hecho público.
Este caso refleja la tensión entre la transparencia y la estrategia política en la gestión de eventos deportivos internacionales, donde el interés público choca con la necesidad de mantener condiciones favorables para atraer inversiones y promover la imagen del estado. En un contexto donde el acceso a servicios públicos y transporte digno sigue siendo una demanda social, la inversión en infraestructura como el cablebús en Puebla podría representar un avance hacia la justicia social y la igualdad económica, siempre que se garantice la rendición de cuentas y el beneficio colectivo.