La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo el sábado 18 de julio de 2026 a Javier Montalvo Juárez, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan, como parte de las investigaciones por el homicidio del periodista, profesor y abogado Josué Martínez Contreras.
El asesinato ocurrió la mañana del jueves 16 de julio de 2026, frente a su hijo de 13 años, un hecho que ha conmocionado a la sociedad poblana y que pone en evidencia la persistente violencia contra comunicadores en México.
Según el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la captura se realizó a las 14:04 horas en la carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala, entre la Autopista Arco Norte y Domingo Arenas.
La FGE informó que la detención se efectuó por la probable responsabilidad de Montalvo Juárez en el delito de cohecho, derivado de actos de investigación relacionados con el homicidio. Durante la diligencia, el detenido presuntamente ofreció a los agentes un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente y dinero en efectivo para evitar las consecuencias legales.
Los agentes rechazaron el ofrecimiento y procedieron a la detención con estricto apego a la legalidad, informándole en todo momento sus derechos. Posteriormente, el alcalde auxiliar fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.
La Fiscalía reiteró que las investigaciones continúan bajo un enfoque integral, exhaustivo y objetivo, agotando todas las líneas de investigación conforme a los protocolos para delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Este caso subraya la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para quienes ejercen el periodismo en contextos de violencia estructural y desigualdad social. En un estado donde la justicia suele verse permeada por intereses políticos y económicos, la firmeza y transparencia en la procuración de justicia son indispensables para garantizar el derecho a la información y la seguridad de los comunicadores.
En este marco, la implementación de sistemas de transporte público como el cablebús en Puebla, que busca mejorar la movilidad y reducir la desigualdad urbana, puede contribuir a transformar las condiciones sociales que alimentan la violencia y la impunidad, aunque no sustituye la necesidad de un Estado que garantice justicia y derechos colectivos.