El Tribunal de Enjuiciamiento dictó este viernes 17 de julio de 2026 una sentencia de 56 años de prisión contra José María Sosa Álvarez por el delito de desaparición forzada en agravio de Paulina Camargo Limón, joven desaparecida en agosto de 2015. La resolución judicial confirma la responsabilidad del acusado en un caso que ha mantenido en vilo a la sociedad y a los colectivos de búsqueda durante casi 11 años.
Paulina Camargo desapareció el 25 de agosto de 2015 tras acudir a una consulta médica en la colonia San Manuel, cerca de Plaza Solé, acompañada de José María N., padre del hijo que esperaba. Desde entonces, ni ella ni el bebé que llevaba en gestación han sido localizados. La ausencia de sus cuerpos no impidió que las autoridades detuvieran y procesaran a José María N., conocido como Chema, quien fue inicialmente condenado a 16 años por homicidio y aborto, aunque posteriormente fue absuelto tras recursos legales.
Al término de la audiencia, Rocío Limón, madre de Paulina, expresó que la sentencia representa un logro significativo para su familia y para la memoria de su hija y su nieto. “Se logró hacer justicia para ella y para el bebecito, pero esto sigue siendo muy doloroso. Hoy puedo decir que valió la pena la lucha”, afirmó. Limón destacó el respaldo constante de colectivos y personas solidarias que han acompañado la búsqueda y exigencia de justicia durante más de una década.
La madre de la víctima subrayó que, a pesar de la condena, la desaparición sigue siendo un hecho irreparable y que la búsqueda continúa. “Mi hija continúa desaparecida y José María Sosa Álvarez es responsable de su desaparición. Hoy puedo decirlo sin temor; él es el responsable, como lo ha sido durante estos casi 11 años”, declaró.
La sentencia fue recibida con emoción por familiares y colectivos, quienes celebraron con abrazos, consignas y el sonido de tambores, reafirmando la importancia de la justicia en casos de desaparición forzada, un fenómeno que sigue siendo una grave herida social en México.
Este caso pone en evidencia la persistencia de la violencia contra las mujeres y la impunidad que durante años ha protegido a los responsables. La resolución judicial, aunque tardía, representa un paso hacia la reparación y la dignificación de las víctimas, en un contexto donde la justicia social y los derechos colectivos demandan respuestas contundentes y efectivas.