La columna “Rocha se quiere entregar”, publicada este viernes 17 de julio de 2026 en El Heraldo de México, plantea que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estaría dispuesto a entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar las acusaciones en su contra. Sin embargo, según el texto firmado por el periodista Manuel López San Martín, esta posibilidad habría sido frenada por Morena y el Gobierno federal.
El artículo sostiene que Rocha Moya considera que comparecer ante la justicia estadounidense le permitiría defenderse directamente de las imputaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. No obstante, desde el oficialismo existiría un interés en impedir esa decisión, bajo el argumento de que el exmandatario podría revelar información que comprometería a integrantes del movimiento gobernante.
Este episodio se inscribe en una crisis política y diplomática que escaló tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por supuestos nexos con el narcotráfico. En respuesta, el exgobernador solicitó licencia para enfrentar las investigaciones, mientras el Gobierno de México ha exigido a Estados Unidos presentar pruebas concretas antes de considerar cualquier proceso de extradición.
En días recientes, también circularon versiones sobre un supuesto operativo para detener a Rocha Moya en Culiacán, las cuales fueron desmentidas por el Gabinete de Seguridad federal.
Es importante subrayar que la columna presenta la afirmación de que Rocha “quiere entregarse” como información atribuida a fuentes del autor, sin confirmación oficial ni declaración pública del propio exgobernador. Tampoco Morena ni el Gobierno federal han emitido respuesta alguna respecto a la supuesta obstrucción a una entrega voluntaria.
Este caso continúa siendo uno de los temas políticos más relevantes en México, en un contexto donde la exigencia de justicia y transparencia debe prevalecer, y donde la defensa de los derechos colectivos y la rendición de cuentas son fundamentales para combatir la impunidad y la corrupción que han permeado en las estructuras de poder.