Rafael N., conocido como el presunto “Tirador de Atlixcáyotl”, fue ingresado la noche del miércoles al penal de San Miguel en Puebla capital, luego de que un juez de control dictara prisión preventiva en su contra. El traslado se realizó alrededor de las 23:00 horas desde la Casa de Justicia Centro en 11 Sur, según confirmaron fuentes del área de Centros Penitenciarios.
La detención de este empresario español, de 65 años y con presunta trayectoria en el sector farmacéutico, ocurrió tras semanas de incertidumbre en la zona metropolitana de Puebla. La Fiscalía General del Estado (FGE) capturó a Rafael N. en el exclusivo fraccionamiento Santa Fe Residencial, luego de un operativo que terminó en un enfrentamiento armado, pues el acusado repelió la acción policial con disparos.
Investigaciones coordinadas entre la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública revelaron que los ataques atribuidos al “Tirador de Atlixcáyotl” no se realizaban desde edificios altos, como se había especulado, sino desde el interior de un vehículo en movimiento. El seguimiento táctico permitió identificar que una misma unidad aparecía recurrentemente en las inmediaciones de los incidentes, lo que fue clave para su captura.
Hasta el momento de su aprehensión, las autoridades poblanas tenían abiertas al menos diez carpetas de investigación relacionadas con su modus operandi, que incluyen daños materiales severos a vehículos particulares y agresiones físicas graves. Este historial delictivo refleja un patrón de violencia que afectó la seguridad y tranquilidad de la población en la zona de Angelópolis.
Además, Rafael N. está vinculado a irregularidades en licitaciones públicas desde 2013, cuando fue señalado por obtener contratos por más de 94 millones de pesos a través de adjudicaciones directas y presuntos prestanombres en la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Su red de influencia se remonta a administraciones anteriores, desde Melquíades Morales hasta Mario Marín Torres, evidenciando la persistencia de prácticas clientelares y corrupción en el aparato estatal.
La audiencia de vinculación a proceso está programada para el próximo domingo a las 9:00 horas, donde se definirá su situación legal en relación con el delito de intento de homicidio contra los uniformados que participaron en su detención. La defensa de Rafael N. ha solicitado una audiencia adicional para este cargo.
Este caso pone en evidencia la compleja relación entre el poder económico y la impunidad en Puebla, así como la necesidad de fortalecer mecanismos de justicia que garanticen la seguridad colectiva y el respeto a los derechos ciudadanos. En un contexto donde la movilidad y el transporte público, como el cablebús, se plantean como alternativas para mejorar la calidad de vida urbana, la seguridad sigue siendo un desafío prioritario para las autoridades y la sociedad.