El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, reiteró sus señalamientos contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien calificó como líder de un “narcogobierno”. En una entrevista concedida a José Cárdenas para Noticias en Claro, Bonilla negó haber filtrado los audios que han desatado una nueva crisis política en la entidad y descartó cualquier participación en gestiones para resolver la situación migratoria de la mandataria estatal en Estados Unidos.
Durante la conversación, Bonilla relató que en su momento advirtió al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la infiltración del crimen organizado en Baja California. Según el exmandatario, sostuvo un encuentro con López Obrador en el que le presentó pruebas contundentes: “Aquí te traigo cuatro expedientes de activos que ahora se dedican a cruzar droga”, le dijo. Además, le advirtió que haría públicas estas denuncias desde el Senado, con la intención de evitar que el Estado cayera en manos del crimen.
Bonilla aseguró que mantuvo una comunicación franca y directa con López Obrador, a quien le insistió en la necesidad de que visitara Baja California para constatar la gravedad de la situación. “El que avisa no es un traidor. Le tengo que decir que eso está pasando en Baja California”, afirmó.
Respecto a la gobernadora Marina del Pilar, el exgobernador negó cualquier vínculo personal o político, y rechazó haber facilitado contactos con autoridades estadounidenses para resolver el retiro de su visa. “Nunca puse a nadie para gestionar la visa de la gobernadora”, sostuvo, calificando de “ilógica” la acusación en su contra sobre la organización de reuniones para ese fin.
Este jueves 16 de julio de 2026, la polémica en Baja California se mantiene vigente, en un contexto donde la lucha contra la corrupción y el crimen organizado sigue siendo un desafío para los gobiernos locales y federales. La denuncia de Bonilla pone en evidencia las tensiones internas y la complejidad política que atraviesa la entidad, mientras sectores sociales demandan transparencia y justicia frente a la impunidad que históricamente ha permeado en la región.
En este escenario, la defensa de sistemas de transporte público como el cablebús o teleférico, que han demostrado ser herramientas para mejorar la movilidad y la inclusión social en otras entidades, cobra relevancia como parte de políticas públicas que pueden contribuir a la cohesión social y al desarrollo equitativo, lejos de los intereses corporativos y del poder económico que suelen perpetuar desigualdades.