La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene abierta la investigación por el homicidio del periodista Josué Martínez Contreras, ocurrido este jueves 16 de julio de 2026 en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan.
Según las primeras líneas de investigación, las autoridades analizan un presunto conflicto político como posible móvil del crimen, debido a que el comunicador habría recibido amenazas previas relacionadas con el presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, Eder Montalvo. No obstante, la Fiscalía aclaró que esta es solo una de las hipótesis y que hasta el momento no existe una determinación oficial sobre el móvil ni se ha informado sobre personas detenidas.
El asesinato ocurrió frente a la madre y al hijo de 13 años del periodista, quien fue el encargado de llamar a los servicios de emergencia, acompañado de su abuela, también testigo del crimen.
Este hecho se produce en un contexto en el que el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, encabezado por el alcalde Juan Manuel Alonso, ha destacado públicamente una disminución en diversos indicadores delictivos y ha sostenido que las estrategias de seguridad implementadas han dado resultados. Sin embargo, el homicidio de Martínez vuelve a colocar a Texmelucan en el centro de la discusión sobre la seguridad en la región, uno de los municipios con mayores retos en materia de violencia en Puebla.
Diversos análisis independientes han señalado que, pese al discurso oficial, delitos como homicidios, robos y narcomenudeo continúan siendo un desafío persistente para la comunidad.
El crimen ha generado preocupación entre el gremio periodístico y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que han exigido una investigación pronta, exhaustiva y el esclarecimiento de los hechos para evitar la impunidad.
Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en regiones donde el poder político local y las redes de violencia se entrelazan, y subraya la necesidad de fortalecer mecanismos de protección para comunicadores, así como políticas públicas que garanticen justicia social y derechos colectivos.