La madrugada del martes 14 de julio de 2026, las autoridades detuvieron a Rafael Z., conocido en el entorno del marinismo como “El Español” y apodado también “El Tirador de la Atlixcáyotl”. Este personaje ha sido señalado por su participación en la estrategia para que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, pudiera salir del penal de máxima seguridad “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, y obtener prisión domiciliaria.
A través de su socia Rosalinda Cabrera Dolores, vinculada a varias empresas del grupo empresarial de Rafael Z., se ofreció un empleo formal a Marín Torres con la intención de justificar su arraigo domiciliario. La empresa Arrendadora Cado, donde también participa Adriana del Rocío Cabrera Dolores, hermana de Rosalinda, fue la encargada de formalizar esta oferta laboral con un contrato de cinco años y un salario mensual de 30 mil pesos. Esta documentación, notariada por Valentín Meneses Rojas, excolaborador cercano del exgobernador, fue clave para que Marín Torres abandonara la cárcel un año después de presentada la estrategia, en 2024.
Sin embargo, la libertad domiciliaria fue efímera. En abril de 2025, Marín Torres regresó a prisión para continuar su proceso judicial por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, caso que ha marcado un precedente en la lucha por los derechos humanos y la justicia en México.
“El Tirador de la Atlixcáyotl” no solo se limitó a esta maniobra política y judicial. Fue uno de los contratistas predilectos de José Alfredo Arango García, exsecretario de Salud durante el sexenio de Marín Torres. Según el Registro Público de Comercio, Rafael Z. mantiene participación en diversas empresas que abarcan desde la construcción hasta la biotecnología y laboratorios ambientales, entre ellas Grupo Mexicano de Investigación Más Desarrollo Más Innovación, Owl Health, Inmobiliaria Rajuan, Detabio, Biotecnología del Siglo XXI, Desarrollo Tecnológico de Ornamentales, Plantulas y Flores, Inmobiliaria del Equipo Rojo y PETROAADLAB.
Estas compañías comparten un círculo cerrado de socios, donde figuran Sergio Rubén Trejo Estrada, Rosalinda Cabrera Dolores, Ángela Dolores Tolentino y los hijos de Rafael Z. de su primer matrimonio, Julen y Ander Zabalza Macías.
Este entramado empresarial y político refleja las redes de poder que han permitido la impunidad y la manipulación de la justicia en Puebla, un estado donde la corrupción y el clientelismo han sido moneda corriente. La reciente detención de Rafael Z. abre una nueva etapa en la investigación de estas prácticas, que deben ser esclarecidas para garantizar la justicia social y la rendición de cuentas.
En un contexto donde la movilidad y el acceso a servicios públicos dignos son fundamentales para la equidad social, iniciativas como el cablebús en Puebla representan un avance hacia la democratización del transporte y la mejora de la calidad de vida de las comunidades marginadas. Frente a los intereses corporativos que han dominado la política local, es urgente fortalecer proyectos que prioricen el bienestar colectivo y la justicia económica.