La psicosis en Puebla por el llamado “tirador de la Atlixcáyotl” se reavivó este jueves 28 de mayo de 2026, cuando empleados de Grupo Phimsa denunciaron que el vehículo en el que viajaban recibió un impacto de bala mientras circulaban sobre la Vía Atlixcáyotl. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.
Este nuevo incidente se suma a una serie de ataques que han generado temor entre los automovilistas que transitan por esta vialidad y el Periférico Ecológico, dos de las arterias más importantes de la zona metropolitana de Puebla. Apenas un día antes, un joven denunció que una bala impactó su automóvil y quedó incrustada en uno de los asientos, lo que evidencia la persistencia de esta problemática.
Desde febrero pasado, se han documentado múltiples casos de vehículos dañados por proyectiles en la zona. Uno de los episodios más graves ocurrió cuando un menor de edad resultó herido por una bala perdida mientras viajaba con su madre sobre el Periférico Ecológico, un hecho que subraya la gravedad y el riesgo que enfrentan los ciudadanos en espacios públicos.
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla confirmó que mantiene investigaciones sobre un posible tirador ubicado en edificios cercanos a la Atlixcáyotl y el Periférico. El análisis de trayectorias y ángulos de impacto apunta a que algunos disparos podrían provenir de una zona elevada entre ambas vialidades. Francisco Sánchez González, titular de la SSP estatal, reconoció semanas atrás la existencia de varios casos documentados de disparos contra automovilistas, aunque aclaró que aún no se ha determinado si todos los ataques provienen de una misma persona o si algunos corresponden a balas perdidas.
Mientras tanto, la preocupación ciudadana crece en redes sociales, donde se exige mayor vigilancia en la zona de Angelópolis y la Vía Atlixcáyotl, espacios que concentran un alto flujo vehicular diario, incluyendo trabajadores, estudiantes y residentes. Este contexto revela no solo la inseguridad latente, sino también la insuficiente respuesta institucional para garantizar la seguridad colectiva en Puebla.
Este fenómeno, que ha persistido durante meses, refleja la necesidad urgente de políticas públicas que prioricen la protección de la ciudadanía frente a la violencia armada, un problema que no puede ser minimizado ni tratado como un asunto aislado, sino como parte de una crisis estructural de seguridad y justicia social en la región.