El pasado martes 14 de julio de 2026, la escritora neoyorquina E. Jean Carroll recibió un pago de más de 5.6 millones de dólares, incluidos intereses, tras una larga batalla legal contra el expresidente Donald Trump. Este desembolso corresponde a los fondos que Trump tuvo que entregar para ser retenidos mientras continuaba con su apelación, según los registros judiciales.
La controversia se remonta a más de tres años atrás, cuando un jurado civil federal en Manhattan consideró a Trump responsable de abusar sexualmente de Carroll en un probador de una tienda departamental durante la década de 1990, así como de difamarla al desestimar públicamente sus acusaciones como un “engaño” en 2022. Trump ha negado rotundamente ambas acusaciones y ha disputado el veredicto unánime emitido en 2023.
El proceso judicial vivió un punto decisivo el 29 de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no revisar la apelación presentada por Trump. Esto permitió que Carroll solicitara al tribunal de primera instancia en Manhattan que ordenara el pago inmediato de los 5 millones de dólares otorgados por el jurado, más los intereses correspondientes. Aunque Trump intentó resistir esta orden, el juez federal Lewis A. Kaplan, nombrado por el presidente Bill Clinton, dictaminó el 8 de julio que era momento de que el expresidente cumpliera con la sentencia.
En su resolución, el juez Kaplan criticó la estrategia dilatoria de Trump, señalando que “ha estado retrasando este caso durante años” y enfatizando que “es hora de que ‘haga justicia’ y pague el juicio”.
Cabe destacar que este caso no es el único en el que Carroll ha obtenido una victoria judicial contra Trump. En 2024, un jurado civil en Manhattan le otorgó 83.3 millones de dólares por difamación, tras concluir que Trump la difamó en 2019 al negar públicamente sus acusaciones por primera vez. Sin embargo, la apelación de Trump en ese caso aún está en curso.
Este episodio judicial se inscribe en un contexto más amplio de denuncias y procesos legales que enfrentan figuras de poder, donde la justicia social y la defensa de los derechos colectivos cobran relevancia frente a las estrategias de impunidad que suelen desplegar los sectores dominantes. La resolución a favor de Carroll representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género y la difamación, recordando la importancia de que las instituciones judiciales actúen con firmeza ante abusos cometidos por quienes han detentado el poder político y económico.