La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes 14 de julio de 2026 que no ha mantenido comunicación personal con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, desde que a finales de abril pasado Estados Unidos presentó una solicitud provisional con fines de extradición en su contra. Durante su conferencia matutina, la mandataria evitó anticipar si el funcionario morenista retomará su cargo, pese a que su administración ha insistido en la falta de pruebas en su contra.
“Personalmente no he hablado con él, hablé el primer día, cuando salió esta solicitud de Estados Unidos, después no he hablado con él, y vamos a esperar —sobre su posible regreso—, no nos adelantemos”, declaró Sheinbaum Pardo.
En el contexto de este caso, la presidenta explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones derivadas de la petición estadounidense. “De todo ello va muy avanzada la Fiscalía, nos ha dado alguna información, no toda y le hemos pedido que lo informe al pueblo de México”, añadió.
Sheinbaum subrayó que el Gobierno federal no ha recibido evidencias por parte de las autoridades estadounidenses desde que la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York presentó la acusación contra Rocha Moya. Respecto al plazo marcado en el tratado de extradición, la presidenta aclaró que no es aplicable en este caso, pues no está contemplado en la Constitución de Sinaloa, por lo que el propio gobernador con licencia deberá decidir su futuro mientras se esperan las pruebas.
“Como hemos dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie, eso es muy importante, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas. Y para eso hay una institución que se encarga de ello, que es la Fiscalía General de la República”, enfatizó.
Sheinbaum recordó que, al darse a conocer la acusación estadounidense, solicitó a Rocha Moya que aclarara su situación públicamente, lo cual el funcionario hizo mediante un comunicado.
Este episodio se inscribe en un contexto político donde la transparencia y la justicia social demandan que las instituciones actúen con rigor y sin impunidad, garantizando el debido proceso sin ceder a presiones políticas o mediáticas.