La Fiscalía General del Estado de Oaxaca enfrenta una crisis de credibilidad tras confirmarse que vehículos asegurados por denuncias de robo han sido entregados a funcionarios públicos para su uso oficial. Este lunes, el gobernador Salomón Jara Cruz reconoció haber solicitado personalmente a la fiscalía la entrega de unidades decomisadas o en calidad de depositarias para que autoridades municipales las utilicen, una práctica que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia en el manejo de bienes públicos.
El conflicto se intensificó durante el fin de semana, cuando un usuario de redes sociales localizó mediante rastreo GPS un automóvil que había sido retenido semanas atrás por la Agencia Estatal de Investigaciones. El vehículo, que anteriormente operaba como taxi foráneo, fue encontrado con modificaciones en su carrocería y en posesión de un comisionado municipal. A pesar de la intervención de agentes de la fiscalía, se permitió que el funcionario se retirara tras mostrar un documento de depositario, lo que provocó indignación entre ciudadanos afectados y denuncias sobre un posible esquema sistemático de irregularidades dentro de la dependencia.
Las autoridades estatales justifican la entrega de estos vehículos argumentando que algunos permanecen abandonados hasta por diez años y que, tras ser reparados por los ayuntamientos, cumplen funciones de transporte oficial. El gobernador Jara Cruz explicó en su conferencia semanal que, ante la falta de recursos para adquirir unidades nuevas, ha gestionado con el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla la entrega de estos automotores a petición de presidentes municipales. Sin embargo, esta explicación no ha logrado disipar las dudas sobre la transparencia del proceso.
En respuesta a las denuncias, la Fiscalía local inició procedimientos internos a través de su Contraloría y Visitaduría General para esclarecer las irregularidades. Mientras tanto, los denunciantes preparan expedientes para presentar una queja formal ante la Fiscalía General de la República, con la intención de que se investigue a fondo la posible existencia de una red de corrupción en el manejo de vehículos asegurados.
Este caso pone en evidencia la persistente problemática en el manejo de recursos públicos y la necesidad de mecanismos claros y transparentes que garanticen la justicia social y el respeto a la propiedad privada, pilares fundamentales para la confianza ciudadana. En un contexto donde la gestión pública debe priorizar la equidad y la legalidad, la opacidad en la administración de bienes decomisados solo profundiza la desconfianza hacia las instituciones estatales.